Denuncian maltrato a mujeres embarazadas en centros de detención para inmigrantes

LOS ÁNGELES, California.- Teresa, una hondureña de 31 años y con cuatro meses de embarazo, fue trasladada al centro de detención para inmigrantes en Otay Mesa, cerca de la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México), a finales de julio. Su defensa aún se pregunta por qué esta mujer sufrió un aborto involuntario estando en una instalación sujeta a una "exhaustiva" supervisión federal.

Esta centroamericana afirma que notificó a funcionarios de esa cárcel que estaba sangrando y tenía dolores intensos. La mañana siguiente, cuando seguía en su celda, les reportó que "experimentaba un flujo sanguíneo extremadamente fuerte" y que le preocupaba su salud y la de su hijo. Se cansó de pedir asistencia médica, pero nadie la escuchó, según su relato.

Finalmente, los médicos la examinaron, pero solo para darle un diagnóstico fatal: su bebé había muerto.

El caso de Teresa y el de otras nueve inmigrantes se incluye en un reporte que distintos grupos de derechos humanos han enviado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se maltrata a las embarazadas, provocando incluso que sufran abortos espontáneos.

Dichos testimonios señalan a funcionarios en cárceles de ICE en California, Texas, Nuevo México y Washington. Estas mujeres permanecieron en esos centros entre enero y agosto de este año.

"Estamos gravemente preocupados por el incumplimiento por parte de la agencia de su propia política contra la detención de embarazadas, las condiciones de detención que han sido denunciadas por embarazadas en diversos centros de detención en todo el país y la falta de atención médica de calidad proporcionada a embarazadas o mujeres que han sufrido abortos involuntarios estando bajo custodia", menciona la queja presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el American Immigration Council, la Women’s Refugee Commission, entre otras organizaciones.

Esta denuncia se refiere a la política de ICE que desde agosto de 2016 exige detener a embarazadas únicamente bajo "circunstancias extraordinarias" o cuando se requiera una detención obligatoria, y resalta que en esos casos se les debe prestar especial cuidado médico. Pero los defensores de los inmigrantes alegan que esa norma se ha ignorado.

Cifras de ICE indican que 525 mujeres embarazadas (menos del 1% de un total de 67,730 mujeres) estuvieron detenidas en instalaciones de ICE entre octubre de 2016 y septiembre pasado. Las organizaciones advierten que solo en los primeros cuatro meses del año, en el arranque de la actual administración federal, las detenciones de mujeres inmigrantes aumentaron un 35%, en comparación con el mismo período del 2016.

Sin comentar de forma específica este reporte, funcionarios federales señalaron que realizan revisiones caso por caso, independientemente de su norma respecto a las embarazadas. Además, indicaron que todas las mujeres menores de 56 años son revisadas para determinar si están en gestación.

A mediados de septiembre, María Solís, una inmigrante embarazada, salió de la cárcel de ICE en Otay Mesa, en el condado de San Diego, tras una intensa campaña que pedía su liberación. Esta mujer de 28 años, que estuvo detenida durante seis semanas, había denunciado que temía perder a su bebé por las malas condiciones sanitarias de la prisión.

El reporte de las organizaciones menciona que han notado que las embarazadas ahora permanecen bajo custodia federal por períodos cada vez más prolongados, incluso del permitido debido a sus necesidades médicas. Cuando ellas les notificaron a los funcionarios migratorios que tenían embarazos de alto riesgo no las refirieron con especialistas, alegan.

Las 10 mujeres que compartieron sus testimonios en esta queja afirmaron que las duras condiciones de detención y la presión preparando su defensa legal tuvieron un "impacto negativo" en sus embarazos.