LOS ÁNGELES, California.– En medio de la batalla legal que la administración Trump y varias localidades del estado han emprendido para tratar de derogar las políticas santuario de California, el gobernador Jerry Brown firmó una nueva ley que prohíbe revelar el estatus migratorio de un acusado, testigo o víctima en una audiencia pública en las cortes. Solo un juez puede determinar si se debe hacer una excepción.
California tiene nueva ley que protege a los indocumentados para que vayan a las cortes sin temor a ser deportados
La ley SB 785 requiere que cualquier discusión o interrogatorio sobre el estatus migratorio de un testigo, víctima o acusado no se realice hasta que sea planteado el asunto en privado y un juez lo apruebe. Al menos tres fiscales de condados respaldan esta norma.

El objetivo de la ley SB 785, que entró en vigor este jueves 11 de mayo, el mismo día en que recibió la rúbrica de Brown, es garantizar que los indocumentados testifiquen en los tribunales sin temor a ser deportados. Las detenciones que agentes migratorios han realizado en juzgados de distintos estados, entre estos Nueva York y California, han preocupado a jueces, abogados y grupos de defensa legal.
A los autores de esta legislación, el senador Scott Wiener y la asambleísta Lorena González Fletcher (ambos demócratas), les inquieta que tanto en casos criminales como civiles los abogados usen la estrategia de revelar que una víctima o testigo carece de documentos legales, creando "un efecto escalofriante" que afecta al sistema de judicial estatal y a la seguridad de las comunidades.
"Nuestros tribunales deben ser lugares donde se imparta justicia a todos, independientemente del estatus migratorio", dijo el senador Wiener en un comunicado de prensa.
"Este proyecto de ley ayudará para que víctimas y testigos de crímenes se presenten y testifiquen sobre lo que han visto, sin temor de que su estatus migratorio, que no tiene nada que ver con el delito, se haga público", agregó.
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Esta iniciativa recibió el apoyo de legisladores demócratas y republicanos en el Senado y la Asamblea estatales. También la respaldan los fiscales de distrito de San Diego, San Francisco y Alameda, así como las organizaciones Immigrant Defenders Law Center y Californians for Safety and Justice.
"En una época en que la retórica de Washington es cada vez más antiinmigrante, el abrumador apoyo bipartidista a este proyecto de ley me da esperanza", dijo el fiscal de San Francisco, George Gascón. "Habla de un consenso creciente de que la seguridad de la comunidad se ve amenazada cuando un grupo de personas tiene demasiado miedo para presentarse y participar en nuestro sistema de justicia".
A decir del procurador, la ley SB 785 es congruente con las políticas santuario y reduce "la táctica de intimidación" que aleja a los inmigrantes de los tribunales.
"Una nueva capa de protección"
La SB 785 requiere que cualquier discusión o interrogatorio sobre el estatus migratorio de un testigo, víctima o acusado sea considerado relevante y admisible solo por un juez. Para ello, un abogado debe plantearlo en una audiencia privada y separada antes de exponer el asunto en público.
"Este proyecto de ley otorga a las víctimas y testigos de trata de personas, agresión sexual, violencia doméstica y otros casos criminales en tribunales estatales una nueva capa de protección y confianza", señaló la fiscal del condado de San Diego, Summer Stephan. "Es una protección de sentido común".
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La oficina del senador Wiener cita un informe del Proyecto de Defensa de los Inmigrantes, el cual revela que en 2017 aumentó un 900% el número de detenciones o intentos de arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en las cortes de Nueva York.
En marzo de 2017, cuando aumentó la presencia de ICE en los juzgados del país, la presidenta del Tribunal Supremo de California, Tani Cantil-Sakauye, expresó en una carta dirigida a la Fiscalía general de Estados Unidos (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS): "los tribunales no deberían utilizarse como una trampa para aplicar las leyes migratorias".
Los autores de la SB 785 dijeron que no se trata de un asunto migratorio, sino de garantizar el derecho a declarar libremente en la corte. "Deberías testificar contra un asesino o un violador sin temor a que tú o tus seres queridos sean expulsados del país", aseveró la asambleísta González Fletcher.