¿Afecta o beneficia a los inquilinos? Lo que se sabe del nuevo acuerdo contra desalojos en California

LOS ÁNGELES, California.- Legisladores estatales llegaron a un acuerdo este viernes sobre la ley AB 3088, que representa nuevas protecciones de desalojos para inquilinos que no pueden pagar la renta hasta enero de 2021 como respuesta a la crisis económica provocada por el coronavirus.

Esta acción responde al temor de una oleada de desalojos, ya que una moratoria temporal para proteger a inquilinos en California expira el próximo martes. De hecho, con un índice de desempleo del 13.3% en el estado dorado, miles de personas no han pagado sus rentas y están siendo amenazados de perder sus viviendas.

El acuerdo de los líderes de la Legislatura busca extender las protecciones de desalojo para los inquilinos a través de la ley AB 3088. Bajo esta ley se prohíben los desalojos por no pagar la renta entre marzo y agosto del 2020. Las protecciones continuarán después de agosto si los inquilinos pueden pagar al menos el 25% de la deuda de renta acumulada entre el primero de septiembre de 2020 y el 31 de enero del 2021.

Además, el inquilino debe entregar una notificación por escrito y firmada a su arrendador declarando que se ha visto afectado económicamente debido a la crisis del coronavirus. Según el comunicado de la gobernación de California el acuerdo busca:

• Proteger a los inquilinos con dificultades económicas relacionadas con covid-19 al eliminar la posibilidad de desalojo desde marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. Sin embargo, el inquilino debe hacer "ciertas declaraciones y pagos parciales en el futuro. Los inquilinos siguen siendo responsables de pagar el alquiler impago eventualmente, pero nunca puede ser la base de un desalojo".

• El acuerdo "protege a los propietarios pequeños de ejecuciones hipotecarias al agregar nuevas protecciones de responsabilidad y transparencia, incluida la ampliación de la Declaración de derechos del propietario para cubrir todas las propiedades desde viviendas unifamiliares hasta cuatro unidades propiedad de pequeños propietarios".

Un posible tsunami de desalojos

A pesar de que la ley ofrece un alivio para evitar desalojos inminentes, varios arrendatarios dicen que la medida no los protege en su totalidad y que, por el contrario, les da vía libre a los caseros para efectuar desalojos en el futuro.

De hecho, incluso con la moratoria de desalojos previa, una familia de ocho miembros fue desalojada y ahora deben vivir en un hotel con dos camas. "Después de que pasó lo de la pandemia mi esposo ya no estaba trabajando", dice Verónica García, quien busca una mejor solución de vivienda para ofrecer a sus seis hijos. "Tengo miedo, no sé que va a pasar. A veces me desespero", agrega García.

"La verdad no es nada, es muy complicada en primer lugar. Tiene muchas partes donde un propietario puede desalojar a un in inquilino", dice Yesenia Miranda, directora de la organiacion P.U.S.H que protege a inquilinos dándoles a conocer sus derechos.

Miranda asegura que esta medida no los protegerá y que se puede avecinar un tsunami de desalojos. "Yo pienso que el gobernador lo está haciendo simplemente para limpiarse las manos. Pero no es suficiente", dice Miranda. "Muchas personas van a ser desalojadas".

En su lugar, asegura que el proyecto AB1436, que no fue aprobado, habría ofrecido mayores protecciones ya que la AB 3088, que pasó este viernes en California, representa un riesgo para la salud.

"Unos van a quedar en la calle, otros van a agarrar apoyo de familiares. Eso en vuelta causa un problema porque si hay muchas personas en la casa y tienen que salir al trabajo y van a traer el virus a la casa", dice Miranda.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) alrededor de 450,000 personas que viven en el condado están desempleadas y no reciben beneficios de desempleo.

"Incluso antes de la pandemia, la falta de ingresos adecuados para pagar el alquiler que aumentaba rápidamente ya era la principal causa de indigencia en el condado de Los Ángeles", según el estudio. Además, cerca de 600,000 familias en el condado usaban cerca del 90% de sus ingresos para pagar la renta.