Por primera vez en casi 100 años, las armas de fuego se podrían enviar por correo a través del Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS) si entra en vigor una propuesta de norma impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Servicio Postal podría enviar pistolas de mano por correo por primera vez en 100 años
En enero de este año, el Departamento de Justicia revisó la ley de 1927, que prohibía el envío de armas de fuego ocultables, y la calificó de inconstitucional. Argumentó que violaba la Segunda Enmienda, e instó al servicio postal a modificar su normativa.
Los fiscales generales demócratas de dos docenas de estados enviaron una carta esta semana manifestando su oposición a esta medida por impulsar la violencia armada.
En 1927, el Congreso aprobó una ley que prohibía al Servicio Postal de los Estados Unidos enviar armas de fuego ocultables a menos que provinieran de distribuidores autorizados, en un intento por frenar la delincuencia. En enero, el Departamento de Justicia revisó esa ley, calificándola de inconstitucional y argumentando que violaba la Segunda Enmienda, e instó al servicio postal a modificar su normativa.
El Departamento de Justicia afirmó que, mientras el Congreso decida gestionar un servicio de paquetería, "la Segunda Enmienda le impide negarse a enviar armas de fuego protegidas constitucionalmente a ciudadanos respetuosos de la ley, incluso si no son fabricantes o distribuidores autorizados".
El mes pasado, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) propuso una nueva norma que permitiría enviar por correo armas de fuego ocultables, como pistolas y revólveres. Actualmente, el USPS permite el envío de algunas armas de fuego, como rifles de cañón largo y escopetas, siempre y cuando estén descargadas y embaladas de forma segura. Se aplicarían medidas de protección similares a las pistolas, cuya especificaciones han evolucionado desde 1927.
El USPS declaró que está revisando los comentarios del público —cuyo plazo vencía el lunes— antes de realizar los cambios definitivos.
El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, demócrata y candidato a gobernador, afirmó que el cambio en la normativa desharía el trabajo que estados como Nevada han realizado para frenar la violencia armada. Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos, cuando un hombre armado abrió fuego el 1 de octubre de 2017 desde el hotel casino Mandalay Bay en Las Vegas, matando a 60 personas. Tras el tiroteo, Nevada aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes estatales para la mayoría de las ventas o transferencias privadas de armas.
Nuestro estado ya ha sufrido bastante, y sugerir que facilitemos el acceso a las armas de fuego a delincuentes y maltratadores es una bofetada para las víctimas de la violencia armada y para las fuerzas del ordenAaron Ford, fiscal general de Nevada
Según las normas propuestas, se podría vender y enviar un arma a una persona dentro del mismo estado. Las normas son más estrictas para el envío de armas entre estados: solo se podría enviar a la propia persona bajo el cuidado de otra persona y esta tendría que abrir el paquete personalmente. Esto tiene como objetivo facilitar el uso de armas recreativas a quienes viajan a otro estado.
El Departamento de Justicia argumenta que la diversidad de leyes estatales sobre armas dificulta su transporte a través de las fronteras estatales para fines lícitos como el tiro al blanco, la caza y la autodefensa. Afirma que, en muchos casos, las personas no tienen la posibilidad de viajar con un arma de fuego, lo que convierte al correo en el único método de transporte viable.
Ford y otros fiscales generales de aproximadamente dos docenas de estados enviaron una carta el lunes instando al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) a retirar la norma propuesta, argumentando que facilitará el acceso a armas a personas que no pueden poseerlas legalmente, como quienes han sido condenados por delitos graves o violencia doméstica. También señalaron que dificultará la resolución de delitos con armas de fuego. Afirmaron que el poder ejecutivo no tiene autoridad para ignorar una ley aprobada por el Congreso y que la norma anulará las leyes estatales sobre armas.
Según los fiscales generales, las leyes estatales incluyen requisitos como cursos de seguridad con armas de fuego, verificación de antecedentes y evaluaciones del historial de salud mental. Estos requisitos están regulados por entidades estatales, las cuales se eludirían si se implementara el cambio normativo, argumentaron. No habrá forma de garantizar que alguien cumpla con las normas y no envíe un arma de fuego a otra persona a través de las fronteras estatales, añadieron.
Los fiscales generales afirmaron que las fuerzas del orden tendrán que crear una nueva estructura de seguimiento para contabilizar las armas de fuego enviadas por correo a través del servicio postal, lo que supondría una carga adicional para los presupuestos estatales.
Empresas privadas como UPS y FedEx también restringen los envíos de armas a clientes con licencias federales de armas de fuego, como importadores, fabricantes, distribuidores y coleccionistas. Según el sitio web de FedEx, quienes posean una licencia federal de armas de fuego deben contactar a un ejecutivo de cuentas de FedEx para obtener la aprobación.
Los grupos defensores de las armas de fuego aplaudieron el cambio propuesto, mientras que las organizaciones de seguridad de armas expresaron su preocupación.
John Commerford, director ejecutivo del brazo de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, lo calificó como una victoria clave para los propietarios de armas que cumplen la ley.
“Gracias al presidente Trump y a su administración, el Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS) finalmente permitirá que estas armas de fuego se envíen bajo las mismas condiciones de seguridad de sentido común que los rifles y las escopetas”, dijo Commerford en un comunicado el miércoles.
John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, afirmó que el cambio de normativa convertirá al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una "ruta de tráfico de armas" para armas ilegales, "al tiempo que priva a las fuerzas del orden de las herramientas que necesitan para prevenir e investigar los delitos con armas de fuego".
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