El caso que enfrenta dos visiones éticas, a dos estados y dos familias por la custodia de un niño

Era agosto de 2025 y McKenna West, una enfermera y madre soltera residente en Alaska, firmó un acuerdo de gestación subrogada a través de una agencia con Omar Ahmed y Nausheen Gilkar. La mujer de Alaska fungiría como “portadora gestacional” y la pareja, al implantar un embrión suyo sobre McKenna, serían los “padres de intención”.

En el estado de California, este tipo de actos tienen cobertura jurídica gracias a la Ley Familiar del Estado, que permite la maternidad subrogada a partir de los conceptos de portadora gestacional, a la que describe como “una mujer que no es la madre intencionada y que acepta gestar un embrión genéticamente no emparentado con ella en virtud de un acuerdo de reproducción asistida”. La otra figura es la de padres de intención, a los que define como “persona, casada o soltera, que manifiesta la intención de estar legalmente obligada como padre o madre de un hijo resultante de la reproducción asistida”.

Además, el vínculo jurídico entre las partes se perfeccionó mediante dinero, ya que la parte central de este tipo de acuerdos es la compensación económica que los padres de intención deben ofrecer hacia la portadora gestacional.

Al ofrecer su cuerpo para llevar el hijo de Omar y Nausheen, Mackenna se comprometió a mantenerse sana mental y físicamente y hacer el mejor esfuerzo para “concebir y dar a luz un menor para los padres de intención y no para criarlo ni tener vínculos legales sobre él”. A cambio, recibiría una compensación total de $60,000 dólares que se irían pagando mensualmente según el progreso del embarazo.

El acuerdo contemplaba múltiples posibilidades. La implantación sería en Los Ángeles y el nacimiento se realizaría en Alaska. Además, en las cláusulas también se asentaba que si el futuro bebé que crecía en el vientre de alquiler presentaba alguna anomalía fetal, la única parte contractual facultada para decidir la interrupción del embarazo sería la de Omar y Nausheen.

Inesperadamente, cerca de la semana 20 de gestación, al futuro bebé se le diagnosticó, a través de una ecografía, el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una rara condición cardíaca que afecta anualmente a cerca de 925 bebés en los Estados Unidos.

Según el testimonio de McKenna, ese sería el punto de inflexión que causaría una batalla legal entre las partes. McKenna y sus abogados señalaron que, a partir del diagnóstico del futuro bebé, los padres solicitaron una valoración médica con miras a la interrupción del embarazo. A partir de ese momento, según Omar y Nausheen, Mackenna cerró los canales de comunicación y expresó su voluntad unilateral de continuar el embarazo.

Por su parte, Omar y Nausheen promovieron ante una corte familiar de California el reconocimiento temprano de filiación: dicha estrategia jurídica pretendía reafirmar y avalar por un juez lo pactado en el acuerdo de gestación: las únicas personas que podrían decidir sobre el futuro del feto serían ellos.

McKenna argumentó que, ante la presión que recibió de la pareja para que abortara, ella deseaba luchar por la supervivencia del menor. Se asesoró y una asociación provida de Texas, llamada Live Action, le ofreció su ayuda para continuar la gestación. Live Action pagó su viaje al Estado de la Estrella Solitaria, para que ahí, un bastión provida, el bebé pudiera nacer y se buscara la mejor estrategia para hacerse con la custodia del futuro recién nacido.

Texas, un estado provida

La elección de Texas no fue fortuita. En ese estado, de mayoría republicana, se libran batallas mediáticas y políticas para dar cobertura legal a los casos donde familias o colectivos a favor de la vida buscan reivindicar sus convicciones sobre el cuidado y protección de la vida humana hasta las últimas consecuencias.

Una de las principales figuras políticas que no evita pronunciarse en las batallas provida es el fiscal general y aspirante republicano al Senado por Texas, quien en este caso se pronunció y movilizó para que una corte familiar de Dallas proveyera a McKenna protección jurídica para llevar a término el embarazo y asegurar futura atención médica al recién nacido. Paxton también lanzó una carta al UT Southwestern Medical Center, donde les señalaba que estaban obligados a proveer el auxilio médico al bebé hasta su nacimiento.

El fiscal también lanzó un comunicado de prensa donde señalaba que: «El pequeño Gabriel (como McKenna nombró al niño) merecía una oportunidad de vivir y no permitiría que nadie le negara de manera ilegal la atención médica necesaria», escribió el fiscal general Paxton. Concluía señalando que «su oficina utilizaría todas las herramientas a su disposición para proteger vidas inocentes y garantizaría que cada niño reciba la atención exigida por la ley de Texas».

Una batalla que prosigue

Lo que debía ser un motivo de esperanza fue motivo de disputas. El bebé nació el 12 de agosto y, tras su nacimiento, requirió intervenciones que lo mantienen en estado grave.

Mientras tanto, los tribunales californianos y texanos se mantienen estudiando el caso. Cuando Omar y Nausheen solicitaron la filiación temprana a la justicia californiana, lo hacían para que dentro de su jurisdicción se pudiera decidir todo lo referente al embarazo: su posible interrupción, pero lo más importante es que con el beneplácito de los tribunales californianos obtendrían plenamente la custodia y derechos sobre el niño.

Posteriormente, ya en los tribunales texanos, también se reconocería el acuerdo gestacional y el fallo de California. Las autoridades judiciales de Texas también reconocen legalmente a Omar y Nausheen como los tutores del niño y son ellos quienes pueden decidir sobre su futuro médico.

Sin embargo, existe una controversia que pone en suspenso a Omar y Nausheen. Ante el vacío legal de la legislación texana, McKenna puede luchar por la custodia del infante, ya que en dicho estado se considera como madre a la persona que alumbra al hijo, independientemente de la carga genética del recién nacido.

El martes pasado se llevó una audiencia para que la corte estudiara el caso y determinara quién se quedará con la custodia del niño. En los alegatos de la audiencia. Nausheen señaló que McKenna es inestable y que, a pesar de que idearon interrumpir el embarazo, para ella y Omar, el pequeño Rumi, como ellos llaman a su hijo, es su única posibilidad para ser padres, ya que ella se realizó una histerectomía. La madre biológica concluyó que, si se les concede la custodia, buscarán el mayor bien y la supervivencia para su hijo.

Por su parte, McKenna señaló que ella hizo todo eso porque “a pesar del diagnóstico, el bebé tenía una gran posibilidad de sobrevivir y una gran posibilidad de vivir una larga vida”, señaló. También añadió que se encuentra dispuesta a cambiar de opinión y desistir del litigio por la custodia del bebé si Omar y Nahusheen deciden brindarle todos los cuidados y soporte vital al niño.

Finalmente, la corte texana no pudo determinar quién tendría la custodia final. Omar y Nausheen temen que los argumentos de McKenna convenzan al juez. Además, el pronóstico médico del niño, según Nausheen, sigue siendo grave.

La audiencia acordó que durante una prórroga de dos semanas las únicas personas facultadas para decidir el futuro médico del pequeño serán Omar Ahmed y Nausheen Gilkar.