Este lunes, el Departamento de Justicia anunció esta medida que intensifica la campaña de la administración del presidente Donald Trump dirigida contra ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero que, según las autoridades, obtuvieron su estatus de forma fraudulenta.
El Departamento de Justicia busca revocar la ciudadanía a 17 personas
En lo que representa el mayor uso hasta la fecha de la desnaturalización como herramienta judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de trámites civiles en tribunales federales para revocar la ciudadanía a 17 personas en todo el país
Video Justicia busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 extranjeros por fraude y delitos graves
De prosperar las demandas, los afectados perderán de inmediato los derechos y beneficios asociados a la ciudadanía estadounidense y volverán a su estatus migratorio previo (por lo general, el de residentes permanentes legales). Esto los dejará desprotegidos frente a una eventual expulsión y abrirá la puerta a procedimientos de deportación.
Un nuevo récord de demandas
El proceso de desnaturalización ha sido históricamente una medida poco frecuente que solo puede dictaminar un juez federal. Para ponerlo en perspectiva, entre 1990 y 2017 el país promedió apenas 11 demandas de este tipo al año, y durante todo el mandato del presidente Joe Biden se presentaron 24 casos. Sin embargo, la actual administración de Trump ya ha superado esa cifra en el último año, sumando estas 17 nuevas demandas a otra docena de acciones iniciadas el pasado mes de mayo.
"Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reforzó el mensaje advirtiendo las consecuencias de estas irregularidades: "Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procesos migratorios, pierdes ese privilegio".
¿Quiénes son algunos de los imputados?
Las demandas civiles se amparan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual faculta al gobierno a cancelar la ciudadanía si se demuestra que fue obtenida de manera ilegal mediante la ocultación de hechos materiales o la tergiversación deliberada de información. Bajo esta lógica jurídica, la revocación no se considera un castigo penal adicional, sino la anulación de un estatus que nunca debió otorgarse. El grupo de las 17 personas señaladas incluye a individuos investigados o condenados por delitos graves, fraude y abusos. Entre los expedientes hechos públicos por las autoridades figuran:
- Un inmigrante haitiano acusado de abusar sexualmente de su hija.
- Un hombre de la ex Yugoslavia condenado por abuso sexual de un menor.
- La hija de un narcotraficante colombiano, acusada de lavado de dinero.
- Una mujer cubana denunciada por fraude a un casino tribal.
- Una mujer mexicana por suplantar la identidad de su esposo.
- Un hombre mexicano por haber mentido acerca de cometer delitos.
La Oficina de Litigios de Inmigración lidera estos procedimientos con el respaldo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y diversas fiscalías federales de múltiples distritos.
El fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, subrayó el compromiso de las agencias involucradas al asegurar que no harán "la vista gorda ante quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía".
Pese a la contundencia del anuncio, las autoridades recordaron que, por el momento, las demandas contienen alegaciones que deben ser validadas en sede judicial. Debido a la exigencia de los estándares probatorios y la complejidad de los antecedentes documentales, se espera que los juicios en los tribunales federales se extiendan durante un período prolongado antes de que se dicte una sentencia definitiva.