"Cometieron una injusticia conmigo", la beneficiaria DACA deportada a México denuncia que su expulsión fue ilegal

Aunque muchos se desplazarán de viaje estos días por el 4 de julio, el caso de esta familia es un recorrido que no les gustaría tener que hacer. Cada fin de semana dos hermanas de 14 y 13 años preparan sus mochilas y viajan de Brownsville (Texas) a Matamoros (México) para poder ver a sus padres, deportados.

La pesadilla de Yessica Treviño comenzó el 28 de diciembre. Relata que iba con su marido y sus hijas, de 12 y 14 años, en el coche a misa cuando vieron un vehículo del ICE. Entraron al aparcamiento de una zona comercial y, denuncia, una patrulla les impactó frontalmente contra su vehículo.

"Rompieron los vidrios delanteros y traseros, dejaron el vehículo siniestro total. Después, salieron con una vara de hierro a detener a mi marido y a mí. Así fue como se nos llevaron. Mi hija quedó traumatizada", cuenta emocionada.

Concede esta entrevista desde Matamoros, ciudad cercana a la frontera donde se estableció junto a su marido para poder estar lo más cerca posible de sus hijas tras haber sido deportada.

Retenida y deportada a pesar de ser beneficiaria de DACA

Llama la atención que Yessica tenía vigente, en el momento de ser detenida, su programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) hasta abril de 2027.

Cuenta que, tras ser detenidos, los separaron. Ella fue a una instancia de migración, la Oficina de Campo del ICE de Harlingen, donde permaneció cinco horas y media. Allí fue procesada y la llevaron al centro de detención de Raymondville, en Texas.

"Cuando tuve mi audiencia, llegó la gran sorpresa. El juez me dijo que en el sistema aparecía que su DACA había vencido en 2025, algo que era rotundamente falso", clamó Yessica, aunque mantuvo la esperanza de que pudieran ver que sí contaba con la protección vigente.

Tres meses después, el 25 de marzo a las 3:30 de la madrugada, despiertan a varias personas que se encontraban retenidas, les dicen que ya se van. "En ese momento lo recibes con mucho nerviosismo, y vi que un funcionario me pidió que firmase un papel. Leí algo así como que aceptaba mi deportación y le dije que no, que mi caso era totalmente ilegal. Volví a insistir y le pregunté a dónde iba yo y en ese momento me dio la peor de las noticias al confirmar que mi destino era México", relata.

Jessica fue devuelta a México aunque lleva desde los seis años en EEUU. Llegó en 1999 y fue consolidándose como profesional. Actualmente trabajaba en la cafetería de una escuela primaria, a la que ya quizá no pueda volver.

También formó una familia junto a su marido, de 40 años. Tienen tres hijos menores que son estadounidenses de nacimiento: el hijo mayor de 16 años, una hija de 14 y otra de 13 años.

Sus hijas han quedado condenadas a hacer una pequeña mochila y cruzar, cada fin de semana, de Brownsville (Texas) a Matamoros (en México) para poder abrazar a sus padres. Las menores cuentan en la entrevista que no pudieron dormir durante días desde la detención y que es una situación que les afecta mucho.

Tienen otro hermano menor, de 16 años, que se ha visto obligado a ponerse a trabajar para poder ayudar a la familia a mantenerse en EEUU sin sus padres.

"También leo en los medios historias de otros migrantes que fueron deportados por algún tipo de error a los que luego devuelven, y me aferro a que en mi caso también sea así. Cometieron una injusticia conmigo y no puedo estar separada de mis hijas", reclama Yessica.

Acudieron a varias organizaciones que ayudan a la población migrante con su defensa legal. La presidenta de una de ellas, La Unión del Pueblo Entero (LUPE) asegura que es una expulsión ilegal. "Esa expulsión fue ilegal. Sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, permanecen al cuidado de un familiar. El Gobierno debe facilitar de inmediato el regreso de Jessica a Estados Unidos y garantizar que el ICE no la detenga nuevamente al llegar. Esto ya ha ocurrido este mismo año en otros casos en los que esta administración deportó ilegalmente a beneficiarios de DACA", declaró Tania Chávez.

La familia de Yessica también acudió a la organización FWD.us para obtener apoyo legal, también consideran que su deportación va contra la ley: "la administración la engañó al decirle que su estatus había expirado cuando en realidad seguía vigente, con el fin de deportarla ilegalmente", expresó Todd Schulte, presidente de FWD.us.

Stacy Tolchin, la abogada de Jessica Treviño, reclamó que su deportación es ilegal incluso aunque se le hubiera concedido una salida voluntaria. "Independientemente de que a Jessica se le hubiera concedido una salida voluntaria o se hubiera ordenado su deportación, el DHS no podía expulsarla de Estados Unidos mientras estuviera protegida por DACA. Lo que ocurrió con Jessica fue ilegal, y el propio Gobierno lo ha reconocido anteriormente en otros casos en los que facilitó el regreso de beneficiarios de DACA que también fueron deportados de manera ilegal. Pedimos al DHS que haga posible su regreso inmediato", declaró la letrada.

N+Univisión consultó al DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) quienes aseguraron en un comunicado que Jessica "aceptó conscientemente la salida voluntaria y renunció a apelar. Abandonó los EEUU el 25 de marzo y no regresará".

El de Yessica no es un caso aislado

El caso de Jessica no es un hecho aislado. Hasta febrero de 2026, más de 261 beneficiarios de DACA habían sido detenidos y más de 86 deportados, muchos de ellos, como Jessica, con un estatus vigente y sin haber expirado. El Gobierno no ha publicado datos actualizados correspondientes a 2026. Según las organizaciones, esto refleja un desmantelamiento sistemático de una política que actualmente protege a cerca de 530.000 personas que han vivido, trabajado y formado familias en Estados Unidos durante décadas, ejecutado caso por caso, sin un cambio formal de política ni un anuncio público.

El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) sacaba pecho recientemente en redes sociales de "los vuelos de deportación han batido récord" con Trump. En una publicación en la red social X se felicitaban de que es una marca histórica de expulsiones del país "inmigrantes ilegales con antecedentes penales".

En la investigación periodística citada aportan los datos de Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos. Confirmaron que en mayo salieron del país cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; más del doble de los 126 vuelos registrados durante el primer mes completo de Trump en el cargo.

Pero esas cifras récord tienen historias como la de Yessica, que muestran que tener el programa que antes constituía una protección ahora no es garantía alguna.