La investigación por una presunta agresión sexual ocurrida en la Universidad de Cornell, en Nueva York, tendrá ahora a una nueva autoridad al frente. La gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para revisar el caso en el que una joven señala a siete integrantes de una fraternidad por una agresión sexual ocurrida en 2024.
El caso Cornell da un nuevo giro: Letitia James queda al frente de la investigación por presunta agresión sexual en Nueva York
La gobernadora Kathy Hochul tomó la decisión tras expresar dudas sobre el manejo que tuvo el expediente y pedir una revisión de los hechos ocurridos en 2024.
Video Fiscal general Letitia James investigará supuesta violación múltiple a joven en Universidad Cornell
La decisión se tomó después de que Hochul expresara públicamente su pérdida de confianza en la fiscalía del condado de Tompkins, encargada inicialmente de supervisar el expediente. La gobernadora sostuvo que nuevos elementos conocidos durante esta semana generaron dudas sobre la manera en que se había conducido la investigación.
El episodio ocurrió en octubre de 2024, dentro de la fraternidad Chi Phi de Cornell. La entonces estudiante identificada como Jane Doe denunció una presunta violación grupal y, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, posteriormente relató a la policía del campus lo que habría ocurrido durante aquella noche.
El caso volvió a cobrar relevancia en septiembre de 2026, después de que la joven presentara una demanda civil a mediados de ese mes. En ella acusa que fue drogada con ketamina antes de ser agredida sexualmente por siete estudiantes.
La situación tomó un nuevo giro el 28 de septiembre, cuando la fiscalía del condado de Tompkins anunció la reapertura formal de la investigación penal. Con ello, el expediente volvió a estar bajo revisión de las autoridades, incluyendo las circunstancias relacionadas con la respuesta inicial al señalamiento.
Letitia James podrá decidir si hay cargos en el caso Cornell
Con su designación como fiscal especial, James tendrá atribuciones para investigar los hechos y determinar, en caso de que la evidencia lo permita, si corresponde presentar cargos por algún delito. También podrá llevar las pruebas ante un jurado investigador, una instancia que puede intervenir en el proceso para determinar si existen elementos suficientes para formular acusaciones penales.
La gobernadora explicó que su decisión responde a la necesidad de garantizar una revisión del caso que considere todos los hechos disponibles.
Hochul afirmó que la información surgida recientemente plantea cuestionamientos sobre la forma en que se condujo la investigación. Señaló que la joven involucrada merece conocer que los hechos serán examinados y que el caso será revisado por una autoridad distinta a la fiscalía local.
La intervención de James ocurre, por tanto, mientras el expediente penal permanece abierto y después de que la demanda civil presentada por la presunta víctima volviera a colocar el caso en el centro de la atención pública.
La investigación deberá ahora determinar qué ocurrió en la fraternidad Chi Phi en 2024 y qué elementos pueden ser acreditados ante las autoridades judiciales.
Al mismo tiempo, el caso ha reavivado en Estados Unidos la discusión sobre la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia sexual dentro de las universidades y sobre la actuación de las autoridades cuando estos señalamientos llegan a los sistemas disciplinarios y penales.
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