El presidente Donald Trump apuesta por las energías fósiles, a pesar de que estén señaladas como las mayores responsables del calentamiento global. Esta semana anunció un nuevo plan con el que busca reactivar la industria del carbón.
¿Por qué Trump se acoge a una ley de emergencia de la Guerra Fría para abrir una terminal de exportación de carbón en Oakland?
El plan está dotado con 700 millones de dólares y contempla la modernización de 13 centrales de carbón, la construcción de nuevas centrales en Alaska y Virginia Occidental, la reactivación de una central cerrada en Maryland y, por primera vez, la exportación de carbón estadounidense desde una terminal en California
Lejos de intentar cumplir con los compromisos para reducir las emisiones acordados en la cumbre del clima de París, Estados Unidos se acoge a una ley de emergencia conocida como la Ley de Producción de Defensa de 1950 (DPA), para impulsar con 700 millones de dólares la explotación del carbón.
¿De qué se trata la Ley de Producción de Defensa de 1950?
La Ley de Producción de Defensa surgió en la Guerra Fría, a través de la que se otorgó al presidente de los Estados Unidos una importante autoridad de emergencia para garantizar la defensa de la nación mediante la ampliación y agilización del suministro de materiales y servicios de la base industrial estadounidense.
La DPA cobra un papel fundamental en la preparación y la respuesta del país ante emergencias como desastres naturales, actos de terrorismo y otras amenazas, según destaca la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Con esta ley, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de este año, el presidente puede ordenar a las empresas que prioricen y acepten contratos cruciales para la defensa nacional, además de proporcionar incentivos financieros para mejorar la capacidad de producción de materiales.
Ahora, la iniciativa del presidente Donald Trump contempla una inversión de 700 millones de dólares para proteger centrales eléctricas de carbón y minas de carbón, así como la construcción de una nueva terminal de exportación en Oakland, California, que considera "vital para la seguridad nacional, acogiéndose a la Ley DPA, en tiempos de guerra.
El plan de Trump para reactivar la industria del carbón
“Hoy estamos tomando medidas históricas para reducir el precio de la energía y el costo de vida para todos los estadounidenses con el poder del carbón limpio y ecológico”. Con estas palabras el presidente Donald Trump anunció el paquete de medidas en un acto junto al secretario del Interior Doug Burgum, el secretario de Energía Chris Wright y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental Lee Zeldin.
Por primera vez, EEUU anuncia que levantará una nueva terminal de exportación en la costa oeste para transportar suministros al extranjero. Trump explicó que se acoge a una ley de 1950 que otorga al presidente autoridad de emergencia sobre las industrias nacionales consideradas críticas para la seguridad nacional.
Además de la nueva terminal, también anunció la modernización de 13 centrales eléctricas de carbón ya existentes, la construcción de dos nuevas centrales de carbón en Alaska y Virginia Occidental y la reapertura de una central de carbón que estaba inoperativa en Maryland.
Una cuestión de "seguridad nacional"
Trump y su gabinete justificaron que la energía del carbón es una cuestión de "seguridad nacional" debido al aumento del coste de la energía. Por eso, aseguran haber recuperado un proyecto de carbón de 2010 para la costa oeste que tuvo que cancelarse tras la fuerte oposición de vecinos y grupos ecologistas.
Trump anunció que las obras del llamado proyecto 'West Gateway' se iniciarán este mismo verano y que en un plazo de dos años estará en disposición de exportar más de 12 millones de toneladas anuales de carbón "limpio y de alta calidad".
El objetivo es compensar los altos costes de la energía, aunque según un informe de Energy Innovation resultaría más caro operar el 99 % de todas las centrales de carbón del país que reemplazarlas por nuevas instalaciones de energías limpias (como la solar o la eólica).
La defensa de la administración Trump del carbón
Una investigación de Global Carbon Project ya señalaba a EEUU como el país que más aumentó sus emisiones en todo el mundo en 2025. En enero de este año, el presidente declaró en la Casa Blanca su amor por el "carbón limpio y hermoso" en un acto de campaña junto a mineros de los que, dijo, esperaba tener "el 97 por ciento de sus votos”.
El gabinete Trump se ha reafirmado en rescatar una industria considerada por los organismos internacionales como responsable del aumento de las emisiones y un combustible que, en consecuencia, debiera reducirse drásticamente. Y lo argumentan así: “No tendríamos los edificios, las fábricas, la industria ni la red eléctrica que tenemos hoy sin la contribución fundamental del carbón, la mayor fuente de electricidad mundial durante 125 años consecutivos, y lo seguirá siendo durante las próximas décadas”, declaró Wright, el secretario de Energía.
Organizaciones ecologistas se oponen
La organización ecologista Greenpeace advirtió recientemente de los planes de Trump para reactivar la industria del carbón. Monitoreó la reactivación de cinco centrales de energía que debían cerrar. En el informe alertaron de que apostar por el carbón tiene un coste ambiental y también para la salud, ya que esas cinco centrales habrían causado 124 muertes en 2019.
También informaron de que el Departamento de Energía (DOE) aprobó 175 millones de dólares para modernizar otras siete centrales de carbón y prolongar su actividad.
La organización ecologista hizo público que la apuesta por las centrales de carbón coincide con la necesidad de dar respuesta a la demanda energética de los centros de datos de la inteligencia artificial (IA). Recogían unas declaraciones del Secretario de Energía Chris Wright, quien explicó en una entrevista con Reuters que "el suministro de combustible a los centros de datos de IA es un factor clave para mantener en funcionamiento la capacidad de generación de carbón existente".
Greenpeace incluyó en su informe que la contaminación atmosférica por partículas finas que provienen del carbón fue responsable de 460,000 muertes entre 1999 y 2020 en todo el país.






