El gobierno federal diseñó un proyecto para clasificar a 2.7 millones de personas vivas, residentes de Estados Unidos, como muertas. Una investigación de The Washington Post sustentada en distintas fuentes revela que la medida formaba parte de los planes migratorios contra el ingreso de personas al país sin autorización diseñados al iniciar el segundo mandato del presidente Donald Trump.
El proyecto DOGE: el intento del gobierno de reclasificar como muertos a 2,7 millones de residentes vivos
La investigación del diario The Washington Post revela el testimonio de un exejecutivo de la Seguridad Social que afirmó la existencia de un plan, que finalmente no se llevó a cabo, y que habría utilizado una base de datos de defunciones para presionar a los inmigrantes a abandonar el país
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El proyecto se desarrolló bajo el marco de DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), una instancia creada con el propósito de optimizar los recursos y la estructura operativa de las agencias federales.
La estrategia consistía en utilizar una de las bases de datos de identidad más importantes del país para borrar a las personas del sistema financiero. Esta acción limitaría el acceso a salarios, operaciones bancarias, beneficios gubernamentales y otros servicios esenciales, menciona la investigación de The Washington Post.
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Jeremiah Schofield, el exempleado del SSA que documentó el caso
El trabajo sustenta la información principalmente en el testimonio de Jeremiah Schofield, exempleado de la Administración del Seguro Social (SSA) durante 25 años, quien ayudó a dirigir los esfuerzos de modernización de TI de la agencia.
En octubre, Schofield dejó su puesto en la institución. Según su testimonio, se negó a participar en la implementación del plan después de que los abogados de la agencia advirtieran que marcar falsamente a personas vivas como muertas podría violar la ley federal.
El alcance del proyecto generó una evaluación interna sobre la legalidad del procedimiento y una advertencia legal sobre el uso de las bases: la implementación generaría violaciones a las leyes federales.
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La advertencia que frenó la implementación
El equipo legal determinó que el diseño de la estrategia implicaba la anulación de la identidad financiera de 2.7 millones de personas. Esta postura impidió la modificación de las bases de datos.
Schofield identificó los riesgos en los registros a partir de su labor en la modernización tecnológica de la agencia. Tras el análisis, la Administración del Seguro Social determinó no proceder con el cambio en los registros de identidad, de acuerdo con la información presentada por The Washington Post.
Los riesgos contemplados incluían la desestabilización de los servicios públicos y la invalidación de documentos de identidad. Aunque la Administración del Seguro Social ha afirmado públicamente que sus sistemas no fueron alterados con la lista masiva de 2.7 millones, el caso ha provocado que el Congreso de EEUU abra una investigación formal para auditar las bases de datos y verificar el alcance real de las presiones de DOGE".
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