Exjueza de inmigración demanda a la administración Trump por presuntas represalias tras alertar sobre el trato a un menor detenido

Una exjueza de inmigración de San Francisco demandó a la administración del presidente Donald Trump, alegando que fue despedida en represalia por denunciar lo que consideró un posible trato ilegal e inconstitucional hacia un menor inmigrante detenido.

Chloe Dillon, quien se desempeñaba como jueza de inmigración en San Francisco, presentó el miércoles una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Según la denuncia, Dillon fue despedida en agosto de 2025, aproximadamente 48 horas después de enviar un correo electrónico a un supervisor en el que alertaba sobre posibles violaciones de la ley y del debido proceso relacionadas con la detención de un menor no acompañado por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Según la denuncia, en poder de KFox14, Dillon sostuvo que el menor no podía ser sometido a un procedimiento de expulsión acelerada y que tenía derecho a que las autoridades consideraran primero su solicitud de asilo, la cual ya había presentado.

La demanda acusa al gobierno de violar la Ley de Protección de Denunciantes, así como disposiciones de la Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución. También plantea argumentos relacionados con la Cláusula de Nombramientos y el Artículo II.

El caso también señala que la exjueza había cuestionado previamente una directiva emitida en 2025 que obligaba a los jueces de inmigración a conceder las solicitudes del ICE para trasladar casos a otros tribunales. De acuerdo con la denuncia, su supervisor le dijo que “la Casa Blanca” estaba al tanto de su oposición y le advirtió que no se enfrentara a la directiva.

Los jueces de inmigración forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia. A diferencia de los jueces federales, pertenecen al poder ejecutivo.

¿Jueces migratorios bajo acecho?

La demanda se presenta en un contexto de numerosos despidos dentro de la judicatura migratoria. Según Bloomberg Law, la administración Trump ha despedido a más de 100 jueces de inmigración desde enero de 2025, mientras que otros medios arrojan una cifra de al menos 135.

Otros jueces despedidos han presentado demandas alegando discriminación por género, edad, etnia o antecedentes en la defensa de inmigrantes.

En un caso separado, la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito determinó que el fiscal general puede destituir a los jueces de inmigración a su discreción, aunque esa decisión se encuentra actualmente bajo apelación.