El lunes 16 de marzo de 2026, Human Rights Watch (HRW) denunció que ciudadanos salvadoreños deportados desde Estados Unidos están siendo detenidos de manera arbitraria al regresar a su país y, en algunos casos, desaparecen dentro del sistema penitenciario, sin acceso a sus familias ni a defensa legal.
Salvadoreños deportados desde EEUU son detenidos y desaparecen en cárceles de su país, denuncia Human Rights Watch
Al ser enviados de vuelta a El Salvador, algunos ciudadanos son llevados directamente a prisión, donde permanecen incomunicados y sin derecho a un debido proceso judicial, por lo que organizaciones de derechos humanos acusan estas detenciones arbitrarias.
Este reporte se basa en entrevistas con familiares y abogados de 11 personas deportadas entre marzo y octubre de 2025, quienes, según la organización no gubernamental, permanecen incomunicadas y sin derecho al debido proceso judicial; mientras que sus familiares no tienen información sobre su paradero o situación jurídica.
De acuerdo con el documento elaborado por la ONG, estos casos forman parte de los más de 9 mil salvadoreños deportados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, justo cuando su política migratoria se endureció.
Al llegar a El Salvador, algunos ciudadanos deportados fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), una megacárcel criticada por organizaciones de derechos humanos.
Además, HRW advirtió que las autoridades salvadoreñas no han demostrado que los detenidos hayan sido presentados ante un juez, lo que vulnera el debido proceso y podría constituir desaparición forzada.
La organización vincula esta situación con el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas criminales, el cual ha permitido la detención de más de 91 mil personas bajo la suspensión de garantías constitucionales.
Aunque el gobierno de El Salvador asegura que ha liberado a 8 mil inocentes, HRW y otras organizaciones de derechos humanos señalan que muchas detenciones se basan en pruebas débiles, se realizan juicios colectivos y existe un patrón de abusos dentro de las cárceles, incluyendo violencia y condiciones precarias.
El informe de Human Rights Watch también expone el impacto para las familias de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos; denuncian no tener información sobre sus seres queridos durante meses.
"Sigo sin saber nada de mi hijo, absolutamente nada... Quiero información. "Quiero que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo", dijo una madre, que reside en Maryland, a AP, después de que su hijo salvadoreño fue deportado el 15 de marzo de 2025.
En algunos casos, los familiares han logrado ubicar a los detenidos únicamente a través de fotografías difundidas en internet —incluso por el propio Bukele— o mediante litigios ante instancias internacionales.
Asimismo, HRW señaló que solo el 10.5% de los deportados a El Salvador tenía antecedentes por delitos violentos, pese a que autoridades estadounidenses han vinculado a algunos con pandillas como la MS-13.
Esta es la cárcel en la que podrían estar 'desaparecidos' algunos de los salvadoreños deportados
Según HRW, algunos de los salvadoreños deportados y "desaparecidos" podrían estar internados en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), que es una megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele, como pieza central de su estrategia contra las pandillas en el marco del régimen de excepción.
Está ubicado en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, y fue diseñado para albergar hasta 40 mil internos, principalmente presuntos miembros de células criminales como la MS-13 y Barrio 18.
El CECOT se caracteriza por condiciones extremadamente restrictivas: los internos permanecen en celdas colectivas, bajo vigilancia permanente, con acceso limitado a luz natural, visitas familiares y comunicación exterior.
Las autoridades de El Salvador sostienen que el objetivo es impedir cualquier operación criminal desde prisión; sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han señalado que estas condiciones podrían vulnerar derechos fundamentales, especialmente cuando los detenidos no han sido condenados o no han tenido acceso a un proceso legal adecuado.
Ya son diversos informes y testimonios los que han vinculado al CECOT con denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y falta de información sobre el paradero de los internos, lo que evidencia la opacidad en el sistema penitenciario salvadoreño.





