La Fiscalía de Bolivia ordena la captura del expresidente Evo Morales por la serie de protestas y bloqueos que paralizaron al país por 50 días

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, en el marco de las investigaciones por el paro y bloqueo de carreteras que se prolongó durante 53 días en diversos puntos del país. La acción penal responde a una denuncia formal presentada de manera conjunta por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

La resolución fue suscrita por un fiscal de materia adscrito a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción. De acuerdo con el documento oficial, el exmandatario y otros actores involucrados enfrentan cargos por una serie de delitos de alta gravedad criminal:

Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
Terrorismo e instigación pública a delinquir.
Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
Asociación delictuosa.

El requerimiento argumenta que la medida cautelar resulta indispensable para avanzar en las pesquisas y esclarecer los hechos denunciados:

«Por todo lo anterior expuesto y siendo imprescindible la presencia del sindicado, por ser presunto autor de los hechos delictivos denunciados, el suscrito Fiscal, facultado por el Art. 226 de la Ley n.º 1970 y en cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en la Sentencia Constitucional n.º 1524/05-R (...), emite, manda y ordena el cumplimiento del presente Requerimiento Fiscal», cita textualmente la orden radicada en la capital cruceña.

Evo Morales contesta: "no nos van a intimidar"

El exmandatario contestó a la orden de aprehensión asegurando que "buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social".

En un mensaje en la red social X expresó que "no nos van a intimidar", en referencia a que el proceso judicial "intenta desviar la atención".

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", decía el mensaje.

¿Qué investiga el proceso penal?

El proceso penal busca deslindar responsabilidades sobre la autoría intelectual, convocatoria y logística detrás de las medidas de presión. Durante casi dos meses, las medidas de fuerza generaron pérdidas millonarias, desabastecimiento de alimentos e insumos básicos y un freno casi total al transporte de carga y pasajeros a nivel nacional.

Evo Morales no es el único implicado. La investigación también involucra a múltiples dirigentes sociales y de organizaciones laborales. Varios de ellos ya afrontan procesos bajo custodia preventiva, entre los que destaca Vicente Salazar, máximo dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari.

Las movilizaciones fueron articuladas de manera conjunta por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Túpac Katari y facciones leales al expresidente Morales, tenaces opositoras a la gestión del actual mandatario, Rodrigo Paz, de quien exigían su renuncia.

Desde la acera gubernamental, la respuesta no se ha hecho esperar. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, han reiterado que los 53 días de movilizaciones no constituían una protesta social legítima, sino parte de un plan sistemático de desestabilización orientado a interrumpir el mandato del presidente Rodrigo Paz.