La carta le llegó en marzo y cambió la rutina de una madre inmigrante que desde entonces dice vivir con miedo. En el documento, según relata, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) le notificó una deuda superior al millón de dólares vinculada a una antigua orden de deportación.
“Me llegó una deuda de más de $1 millón”: madre inmigrante teme perderlo todo tras carta del DHS
La carta llegó en marzo y desde entonces vive con miedo. Una madre inmigrante asegura que el DHS le notificó una deuda de más de $1 millón por un viejo caso migratorio. Dice que teme perder su casa, no volver del trabajo y dejar solos a sus hijos.
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Desde ese día, asegura que sale a trabajar sin saber si volverá a casa, teme por sus bienes y piensa en el futuro de sus dos hijos, ambos estudiantes.
“Lo que me preocupa son mis hijos. Tengo a ellos dos, verdad, los dos que están estudiando y pues no tienen un trabajo que diga yo, ok, que pueden trabajar tiempo completo”, contó.
La mujer asegura que el origen del caso se remonta a 2008. Dice que entonces buscó regularizar su situación migratoria con la esperanza de quedarse legalmente en Estados Unidos.
“Pues vamos, verdad, según uno con la ilusión de que arreglaba uno papeles”, recordó.
Según su relato, recibió ayuda legal en Los Ángeles y logró un permiso de trabajo por un año. Después, su proceso pasó por una corte en San Francisco, donde un juez negó su solicitud de asilo.
También recibió una salida voluntaria, una figura que permite abandonar el país por cuenta propia dentro de un plazo para evitar una deportación formal. Sin embargo, según explica, no salió y con el tiempo esa decisión terminó convertida en una orden de deportación.
“Entonces pues ya no salimos y pasó el tiempo”, dijo.
La deuda superaba $1 millón
Durante años no volvió a recibir comunicaciones oficiales relacionadas con ese expediente. Hasta marzo de 2026, cuando asegura que le llegó una nueva notificación sobre la orden migratoria. Días después, recibió otra carta: una deuda que superaba el millón de dólares.
“Tienes 15 días para apelar. O sea, yo me quedé... digo, pues qué voy a apelar. O sea, es imposible pagar este dinero”, relató.
El monto no sorprende a especialistas. La ley federal permite imponer sanciones civiles por incumplir una salida ordenada por inmigración.
En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que podía imponer sanciones civiles de hasta 998 dólares por día, según el tipo de caso, a ciertas personas con órdenes finales de remoción que no abandonaran Estados Unidos dentro del plazo exigido por la ley. Bajo ese esquema, una deuda puede crecer con rapidez.
Una proyección simple podría ilustrar el impacto potencial: 998 dólares diarios equivalen a 364.270 dólares en un año calendario. Si una sanción de ese nivel se mantuviera durante cinco años, el monto superaría 1,8 millones de dólares. Por eso pueden aparecer cifras elevadas en algunas notificaciones.
El 9 de junio de 2025, el DHS informó que había emitido más de 9.000 notificaciones de intención de multa por casi 3.000 millones de dólares. Semanas después, autoridades federales señalaron que el total se acercaba a 10.000 avisos. Estas cifras no necesariamente equivalen a sanciones definitivas, ya que pueden ser impugnadas o revisadas.
Transfirió la casa a su hija
La mujer asegura que, ante la presión, tomó una decisión inmediata: transfirió la casa a nombre de su hija. Pero después recibió otra carta indicándole que la deuda había sido remitida a agencias de cobro.
“Y yo sé que el día que salgo a trabajar... digo, nombre sea de Dios me voy y no sé si regrese”, contó.
La mujer también teme perder patrimonio construido durante años. Para entender ese riesgo, consultamos a la abogada de inmigración Bethania María, quien explicó que mover bienes de forma apresurada no siempre protege a una familia.
“Estas compañías rastrean todo. Si uno hace esos cambios rápido, un juez o una jueza puede deshacer esos cambios y decir: no, esta casa sigue siendo suya, esos carros siguen siendo suyos”, señaló.
En la práctica, una deuda federal puede terminar en procesos de cobro más agresivos: reportes crediticios, embargos futuros, gravámenes o interceptación de reembolsos fiscales, dependiendo del caso y del procedimiento seguido por las autoridades.
Pero la dimensión económica es solo una parte del problema. Bethania María explicó que muchas personas creen que si pagan la multa desaparece también la orden de deportación. No es así.
“El que pague la deuda no le quita la deportación”, afirmó.
Es decir, se trata de dos procesos distintos: uno financiero y otro migratorio. La persona podría seguir debiendo dinero y, al mismo tiempo, enfrentar remoción del país.
Los caminos legales
La abogada añadió que aún pueden existir caminos legales, dependiendo del historial de cada expediente. Uno de ellos es intentar reabrir el caso dentro de Estados Unidos si la persona califica para un alivio migratorio nuevo o no explorado antes.
Entre las opciones posibles mencionó tener un hijo en las Fuerzas Armadas, haber sido víctima de un delito que permita solicitar una visa U, errores procesales en el expediente, falta de notificación adecuada o cambios familiares relevantes.
Si no existe una vía interna, otra alternativa sería salir del país y solicitar desde el exterior un perdón migratorio, generalmente basado en el perjuicio extremo que sufriría un familiar ciudadano o residente legal.
El caso también expone un problema frecuente entre inmigrantes con procesos antiguos: muchas personas creen que, al no recibir cartas durante años, el expediente quedó cerrado o perdió vigencia. Sin embargo, u na orden de deportación puede seguir activa durante largo tiempo y reactivarse administrativamente.
Especialistas recomiendan no ignorar ninguna notificación, pedir copia completa del expediente migratorio mediante FOIA, verificar fechas, revisar si hubo notificaciones válidas y consultar a un abogado con experiencia tanto en defensa migratoria como en cobros federales.
En California, donde esta mujer tuvo parte de su proceso judicial, operan organizaciones que ofrecen ayuda gratuita o de bajo costo en español, entre ellas CHIRLA, CARECEN, Public Counsel, Pangea Legal Services e Immigrant Legal Resource Center, además de programas financiados por el estado.
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