Proponen ley para evitar “ciudades santuario” en Georgia

ATLANTA, Georgia. Las supuestas ciudades santuario de Georgia podrían estar sujetas a responsabilidades legales si un inmigrante indocumentado ocasiona algún daño a otra persona fuera de la ciudad donde reside, según señala la propuesta de ley.

El proyecto es impulsado por el republicano Jesse Petrea, miembro de la Cámara de Representantes de Georgia por el distrito 166 de Savannah, quien espera que el estado “no sea el hogar de ciudades santuario”. Si la nueva propuesta se convierte en ley, las ciudades y los condados que no cooperen con las autoridades federales de inmigración podrían ser responsables por daños y perjuicios si una persona que está sin autorización legal en país causó lesiones o la muerte de alguien.

"Desafortunadamente, hoy tenemos políticas y prácticas en este estado, jurisdicciones que se niegan a trabajar con ICE, por lo tanto, están rompiendo la política actual de santuario", dijo Petrea.

El legislador agregó que “lo que hace este proyecto de ley es crear por primera vez una acción civil en la que si un individuo resulta herido, dañado o asesinado por la liberación de un individuo que previamente creó un crimen violento, le da a ese recurso individual contra esa jurisdicción local que deliberadamente decidió no hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación".

El representante republicano de Sharpsburg Philip Singleton, quien apoya el proyecto de ley, dijo que un estudio de 2018 encontró siete comunidades que calificarían como comunidades santuario, incluidas las ciudades de Atlanta, Clarkston y Decatur, y los condados de Clayton, DeKalb y Fulton.

Petrea presentó la propuesta en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara No Civil el miércoles por la tarde donde más de una docena de personas testificaron.

Petrea dijo que su proyecto de ley es sobre seguridad pública, no inmigración, y al menos un miembro del comité estuvo de acuerdo.

Proyectos como Petrea son odiosos y antiamericanos, dijo Isabel Otero, del Southern Poverty Law Center, una crítica frecuente de la legislación que destaca a los inmigrantes indocumentados.

Kimberly Bolló, coordinadora de programas GLARH, calificó de "racista y discriminatoria la propuesta", así mismo indicó que este proyecto "le quita el poder a la Policía, de decidir si coopera o no con ICE, y eso le quita la posibilidad a la persona que fue detenida de pagar fianza, que pueda salir libre, le quita todas las posibilidades de pedir ayuda”.

Jaime Ragel vocero de la organización FWD. US indicó que "son propuestas que hemos visto que han tratado de introducir año tras año en el capitolio buscando soluciones a problemas que no existen, son leyes antiinmigrantes, leyes que no hacen falta en nuestro estado”.

Otro miembro del comité, el representante Josh McLaurin, un demócrata de Sandy Springs, dijo que la ley de los Estados Unidos no puede ordenar lo que los gobiernos locales hacen para cumplir con la política federal de inmigración. También dijo que el proyecto de ley pondría a los gobiernos locales en una situación en la que, si cumplían con ICE, podrían ser responsables si ICE expulsara a un retenedor ilícito, y si no cumplían con ICE, podrían ser responsables bajo la ley de Petrea.

"Estamos hablando de un contexto en el que las personas que toman decisiones de seguridad pública que son discrecionales estarán sujetas a una responsabilidad que en realidad no es normal en nuestro sistema", dijo McLaurin.

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