ORLANDO, Florida.- La aplicación intensiva de leyes migratorias en Estados Unidos que se expandieron en este segundo término del gobierno de Donald Trump está generando la separación de familias que, a diferencia de episodios anteriores, no ocurre en la frontera sino dentro de comunidades asentadas en distintas ciudades del país, como muestran testimonios recientes recopilados por AP.
Operativos migratorios trasladan separación familiar de la frontera al interior del país; tres familias narran sus historias
Las detenciones internas alcanzan cifras récord y afectan a familias con estatus migratorio mixto.
Por:Univision y AP
Video Madres recolectan juguetes para más de 200 niños afectados por deportaciones en Polk
Univision Orlando pudo documentar que esta situación está afectando a comunidades locales de Florida, luego de que madres puertorriqueñas que organizaron una colecta de juguetes para alegrar las fiestas de niños en situación de desamparo por detenciones migratorias de al menos uno de sus padres, reportaron haber encontrado más de 200 menores en esta situación tan sólo en la comunidad de Mulberry, en el condado Polk.
En medio de arrestos, traslados constantes y deportaciones aceleradas, miles de inmigrantes con estatus mixto están quedando divididos. Durante la primera mitad de noviembre, el gobierno federal mantuvo bajo custodia a un promedio de más de 66,000 inmigrantes, la cifra más alta de la que se tiene registro.
Las detenciones se realizan en coordinación con agencias policiales locales y afectan a solicitantes de asilo, personas con años viviendo en Estados Unidos y familias con hijos ciudadanos. Aunque los cruces ilegales registran su nivel más bajo en siete décadas, la estrategia federal apunta a redoblar las deportaciones internas.
La política contrasta con la separación de más de 5,000 niños que ocurrió entre 2017 y 2018 bajo la política de “cero tolerancia” en la frontera con México. En aquella ocasión, el gobierno enfrentó dificultades para localizar a los menores debido a que los sistemas informáticos de las agencias no estaban conectados. Ahora, las separaciones surgen cuando padres y madres son arrestados en sus hogares o durante citas rutinarias con las autoridades migratorias, en algunos casos tras años viviendo en el país.
El asesor de frontera de la administración Trump, Tom Homan, afirmó en abril que estos operativos continuarán “a toda velocidad”.
La intensificación de detenciones ha dado lugar a testimonios de familias que describen procesos abruptos, condiciones de detención prolongadas y decisiones forzadas que podrían marcar separaciones permanentes.
Entre los casos recientes, tres familias relataron experiencias de angustia ante la posibilidad de no volver a reunirse con sus seres queridos.
Un padre venezolano detenido en Florida y deportado tras meses en custodia
Antonio Laverde, originario de Venezuela , ingresó a Estados Unidos en 2022 por la frontera y solicitó asilo. En Miami obtuvo permiso de trabajo y licencia de conducir, y se desempeñó como conductor de transporte privado para sostener económicamente a su familia. Su esposa, Jakelin Pasedo, y sus dos hijos llegaron en diciembre de 2024 y obtuvieron estatus de refugiados.
El arribo de la familia parecía consolidar la estabilidad que buscaban, pero en junio de este año la rutina se interrumpió cuando Laverde fue detenido por agentes federales al salir de casa rumbo al trabajo. Su esposa asegura que la detención ocurrió por una confusión, pues los agentes buscaban a otro residente de la vivienda compartida. Ella y sus hijos presenciaron el arresto y recordaron a su esposo esposado a punta de arma.
Los niños, de 3 y 5 años, desarrollaron fiebre y episodios prolongados de llanto tras la detención, según su madre. Laverde fue trasladado al Broward Transitional Center, donde permaneció tres meses. En septiembre decidió solicitar la repatriación voluntaria a Venezuela ante la incertidumbre de su proceso.
Pasedo, quien trabaja limpiando oficinas, afirma que no planea regresar. Dice temer represalias por su activismo contra el gobierno venezolano. Su objetivo, asegura, es reunir a su familia nuevamente en Estados Unidos, aunque desconoce cuándo o cómo podría lograrlo.
Una familia nicaragüense dividida tras una cita rutinaria con ICE
Otro caso es el de Yaoska, una mujer nicaragüense de 32 años que llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su esposo y su hijo de 10 años, huyendo de persecución política. La familia recibió parole humanitario y se estableció en Miami. Posteriormente tuvieron un segundo hijo, quien es ciudadano estadounidense, y actualmente ella se encuentra embarazada de cinco meses de su tercer hijo.
En agosto, la familia acudió a una cita en la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Allí, su esposo fue detenido y posteriormente reprobó su entrevista de miedo creíble, un paso clave para quienes buscan protección. Yaoska fue liberada bajo supervisión intensiva y porta un monitor GPS que no puede retirar.
El esposo fue trasladado al Centro de Detención Krome, una instalación con más de cuatro décadas de historia y múltiples denuncias de abuso. Tres meses después, fue deportado a Nicaragua. Desde entonces, la comunicación se limita a llamadas telefónicas. Los niños presentan alteraciones emocionales: pérdida de apetito, insomnio y episodios de enfermedad frecuente, de acuerdo con su madre.
Aunque su permiso de trabajo es válido hasta 2028, Yaoska afirma que no ha conseguido empleo y expresa temor tanto a regresar a Nicaragua como a enfrentar un posible cambio en su situación migratoria en Estados Unidos.
Padre guatemalteco deportado tras ser detenido por una orden menor
El tercer caso corresponde a Edgar, un inmigrante guatemalteco que vivió más de veinte años en Estados Unidos y trabajaba en construcción en el sur de Florida. Junto con su pareja, Amavilia (también guatemalteca sin estatus legal) formó una familia que recientemente creció con el nacimiento de un segundo hijo.
La situación cambió cuando Edgar fue detenido por la policía de Homestead debido a una orden de 2016 por conducir sin licencia. Aunque su familia esperaba que fuera liberado rápidamente, fue transferido a custodia federal y llevado a Krome. El 8 de junio fue deportado a Guatemala.
Amavilia enfrentó dificultades inmediatas para pagar la renta de 950 dólares del apartamento que compartía con otra inmigrante. Durante tres meses sobrevivió gracias a donaciones de organizaciones de defensa migrante. Actualmente, se levanta a las 3 a.m. para cocinar almuerzos que vende por 10 dólares y por las tardes recorre su barrio con sus dos hijos vendiendo helados y bananas cubiertas de chocolate.
Cruzar la frontera en septiembre de 2023 sin solicitar asilo la dejó sin opciones legales. Su hija mayor muestra ansiedad y miedo a la presencia policial, situación que su madre intenta manejar pidiéndole mantener la calma y caminar con seguridad.
Los tres casos ilustran el impacto familiar de las detenciones internas y de los traslados rápidos hacia procesos de deportación en distintos puntos de Estados Unidos, en un contexto de incremento histórico en la población bajo custodia migratoria.
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