La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas, crearía oportunidades para la inversión extranjera y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras
La reforma de la ley se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.
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La reforma de la ley –que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial– se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un operativo en Caracas.
El proyecto de ley ahora espera la firma de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien propuso los cambios días después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera.
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¿Reforma otorga el control del petróleo venezolano a las compañías de EEUU?
La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de las disputas.
El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país.
Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó l a ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
¿Qué cambios contempla la reforma?
La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo una tasa máxima de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.
También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan exclusivamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante.
Los inversionistas extranjeros han considerado desde hace tiempo la participación de tribunales independientes como crucial para protegerse contra futuras expropiaciones.