Condenan a mujer en Georgia por hacerse pasar por una adolescente embarazada y engañar a parejas que buscaban adoptar

Una historia de engaño digital, ansiedad y manipulación emocional terminó con una sentencia federal en Estados Unidos.

Una mujer de Georgia fue condenada a 20 meses de prisión y tres años de libertad condicional supervisada tras ser hallada culpable de acoso cibernético, amenazas en el comercio interestatal y robo de identidad, en un caso que autoridades describieron como un fraude prolongado contra parejas que buscaban adoptar.

Todo comenzó, según documentos judiciales, entre mayo y junio de 2023, cuando la acusada, Gabryele Watson, de 30 años y residente de Athens, Georgia, encontró en redes sociales a una pareja del Distrito Medio de Tennessee que llevaba ocho años intentando adoptar un bebé. A partir de ahí construyó una identidad falsa: se hizo pasar por una adolescente embarazada en Pensilvania, conocida en el expediente como la “Víctima Menor 1”.

Con información tomada de publicaciones públicas, Watson comenzó a imitar la vida de la adolescente, copiando detalles de sus redes sociales para sostener la mentira. Bajo esa identidad, contactó a la pareja a través de una página de adopción y, poco a poco, estableció una relación que parecía encaminada a cumplir el sueño de formar una familia.

Pero detrás de la aparente historia de esperanza, se desarrollaba un patrón de control y manipulación. La acusada exigía disponibilidad constante, pedía artículos para el bebé y ropa de maternidad, y alternaba promesas de adopción con advertencias de cancelación. Con el paso de los meses, las conversaciones se volvieron cada vez más tensas.

“Gabryele Watson, una mujer adulta, robó la identidad de una adolescente embarazada y engañó cruelmente a parejas que buscaban adoptar un bebé, para luego abusar emocionalmente de ellas, incluyendo amenazas de interrumpir el embarazo y burlas hacia las madres adoptivas por no poder concebir”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Se aprovechó de personas que deseaban adoptar un niño para ampliar su familia. Su sentencia de hoy refleja la devastación que su implacable acoso en línea causó a sus víctimas”.

En su papel ficticio, Watson llegó a afirmar que el embarazo presentaba emergencias médicas, y escaló la presión con amenazas cada vez más graves: cancelar la adopción, interrumpir el embarazo, suicidarse e incluso causar daño al bebé y a la pareja. Las víctimas, de acuerdo con las autoridades, vivieron bajo una constante sensación de miedo e incertidumbre.

“Esta acusada, por motivos egoístas y perversos, se aprovechó de las esperanzas y los sueños de una joven pareja que simplemente deseaba ser padres”, declaró el fiscal federal Braden Boucek del Distrito Medio de Tennessee. “Este tipo de fraude es devastador para quienes lo sufren, no puede tolerarse, y la sentencia de hoy demuestra que haremos que quienes lo cometan rindan cuentas por sus actos”.

El patrón se repitió con otra pareja del mismo distrito. Esta vez, Watson se hizo pasar por una joven embarazada de gemelos en Arkansas. Incluso interactuó con los hijos pequeños de la familia, alimentando la ilusión de una adopción que nunca existió, antes de volver a escalar a amenazas de muerte contra todos los integrantes del hogar.

“Las acciones deliberadas de Gabriele Watson infundieron temor en personas compasivas que anhelaban adoptar un niño”, declaró Terence G. Reilly, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Nashville. “El ciberacoso no solo provoca pánico y ansiedad, sino que también deja a las víctimas con una constante sensación de inseguridad y vulnerabilidad. El FBI prioriza los casos que implican amenazas de violencia y siempre investigará y llevará ante la justicia a quienes utilicen plataformas digitales para amenazar a otros”.

El caso llegó a su fin cuando Watson se declaró culpable el 25 de julio de 2025 de acoso cibernético, amenazas en el comercio interestatal y uso ilícito de un medio de identificación. La investigación fue encabezada por el FBI en Nashville y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia, que procesó el caso junto con la fiscal adjunta Monica R. Morrison.