PHOENIX, Arizona – Jorge Zúñiga-Aguilera, de 23 años, fue sentenciado a pasar 27 meses en prisión por comprar más de 80 armas de fuego para enviarlas al comercio ilegal en México.
Sentencian a Jorge Zúñiga-Aguilera a 27 meses de prisión por comprar más de 80 armas para enviarlas a México
Entre septiembre de 2020 a junio de 2021, Jorge Zúñiga-Aguilera compró al menos 82 armas de fuego en tiendas de Arizona, y luego las puso en el comercio ilegal. De ellas, dos fueron recuperadas por la policía en Ciudad de México.
Por:Univision
Video Operativo ‘Gun Crime Crackdown’ en Phoenix va contra las armas ilegales
El hombre, que deberá pasar luego 36 meses en libertad supervisada según la sentencia del juez federal de distrito Douglas L. Rayes, previamente se había declarado culpable de hacer una declaración falsa durante la compra de un arma de fuego.
De septiembre de 2020 a junio de 2021, el hombre compró al menos 82 armas de fuego en tiendas de Arizona, y luego las puso en el comercio ilegal. De ellas, dos fueron recuperadas por la policía en Ciudad de México, una de las cuales se usó para asesinar a un ciudadano mexicano.
La investigación indica que, a cambio de dinero, Zúñiga-Aguilera compró las armas para una persona que sabía que no tenía estatus legal en Estados Unidos, por lo que no podía adquirirlas de manera legal, así que mintió.
Colaboración para frenar tráfico de armas de personas como Jorge Zúñiga-Aguilera
“La seguridad fronteriza significa proteger la soberanía de nuestro vecino. Cuando las armas estadounidenses fluyen al sur hacia México, todos perdemos. Los juicios de compra ilegal son un paso importante para asegurar la frontera y proteger a las comunidades en ambos países”, declaró al respecto el fiscal federal Gary Restaino.
Por su parte, Brendan Iber, agente especial a cargo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, indicó que la “ATF se compromete a detener el tráfico ilegal de armas de fuego tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional.
“Seguiremos tratando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar y detener a los testaferros y a aquellas personas u organizaciones que permiten a los testaferros”, sentenció.
Precisamente la ATF llevó a cabo la investigación de este caso, donde el fiscal federal adjunto Coleen Schoch, del Distrito de Arizona, estuvo a cargo de la acusación.
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