Mientras aspirantes demócratas a cargos públicos en Estados Unidos prometen proteger a los inmigrantes frente a las deportaciones, varios candidatos republicanos han hecho campaña con el compromiso contrario: respaldar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y reforzar su aplicación desde los gobiernos estatales o el Congreso.
Deportaciones masivas y más poder para ICE: los candidatos que buscan endurecer las políticas migratorias de Donald Trump
Entre las propuestas de los candidatos figuran, ampliar la cooperación de las policías locales con ICE, acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados y completar la construcción del muro fronterizo.
Entre sus propuestas figuran ampliar la cooperación de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados, aumentar los recursos destinados a la agencia y completar la construcción del muro fronterizo.
Los compromisos abarcan distintas contiendas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. En Florida, Byron Donalds promete mantener la colaboración entre las autoridades estatales y federales para detener y deportar a inmigrantes indocumentados que cometan delitos. En Georgia, Rick Jackson quiere convertir al estado en uno de los que más expulsen a inmigrantes que infrinjan la ley.
En Texas, Ken Paxton busca llegar al Senado para impulsar la agenda migratoria de Trump, mientras que Andy Barr, candidato republicano al Senado por Kentucky, ha convertido su respaldo a ICE y a la financiación de sus operaciones en un elemento de su campaña. Por su parte, Marsha Blackburn, aspirante republicana a gobernadora de Tennessee, promete ampliar los acuerdos que permiten a las fuerzas policiales locales colaborar con ICE y afirma que todos los inmigrantes indocumentados en el estado deberían ser deportados.
Aunque todos comparten el respaldo a una política migratoria más restrictiva, sus propuestas no son idénticas. Algunos se centran en inmigrantes que han cometido delitos; otros plantean medidas de alcance más amplio. También existen diferencias entre lo que un gobernador puede hacer desde su estado y lo que requiere una decisión del gobierno federal o del Congreso.
Byron Donalds: mantener a Florida como aliado de ICE
Byron Donalds, congresista republicano y candidato a gobernador de Florida, ha prometido continuar la política de cooperación con las autoridades migratorias federales que impulsa la administración Trump.
El 29 de enero de 2026, durante una visita a un posible centro de ICE en Orlando, Donalds criticó a los dirigentes demócratas que se oponían a la instalación y aseguró que, si llega a la gubernatura, Florida respaldará al presidente y cumplirá con la legislación federal.
"Como próximo gobernador de Florida, vamos a apoyar al presidente Trump", afirmó durante el acto, de acuerdo con la transcripción publicada por su campaña.
Donalds defiende la colaboración de las policías estatales y locales con ICE para facilitar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. En una entrevista con News 6 Orlando, en enero, dijo que mantendría el estándar establecido por el gobernador Ron DeSantis y que Florida continuaría cumpliendo las leyes federales de inmigración.
Su plataforma también plantea exigir que las empresas utilicen el sistema federal E-Verify para comprobar la autorización laboral de sus empleados, retirar subsidios estatales que, según su campaña, incentivan la inmigración irregular y coordinar a las autoridades locales con las federales para deportar a personas no ciudadanas que cometan delitos.
Estas propuestas implicarían mantener y ampliar la cooperación estatal con ICE, así como endurecer los controles laborales. La deportación de personas, sin embargo, corresponde al sistema federal de inmigración y no puede ser ordenada unilateralmente por el gobernador.

Rick Jackson: convertir a Georgia en líder en deportaciones
Rick Jackson, candidato republicano a gobernador de Georgia, ha prometido hacer de la deportación de inmigrantes indocumentados que infrinjan la ley una de sus prioridades si gana las elecciones.
Durante su campaña, Jackson se comprometió a trabajar con Donald Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias federales y colocar a Georgia entre los estados que más deportaciones realizan.
"Como gobernador, abordaré la seguridad pública y la inmigración desde la misma perspectiva: hacer cumplir la ley", declaró, según una cobertura del Atlanta Journal-Constitution. El candidato también ha afirmado que Georgia debe ser un socio activo del gobierno federal en la aplicación de la legislación migratoria.
Jackson difundió un anuncio electoral en el que advirtió que los inmigrantes que viven en Georgia sin autorización y cometen delitos serían deportados. El mensaje generó críticas por su lenguaje, que vinculaba la inmigración irregular con la delincuencia.
En una entrevista con WSB-TV, Jackson reconoció que un gobernador no tiene autoridad legal para deportar directamente a una persona. Aun así, dijo que buscaría expulsar a quienes cometan delitos, con especial énfasis en los inmigrantes indocumentados condenados por infracciones penales.
Su propuesta consiste en aumentar la cooperación con las autoridades federales y priorizar la aplicación de las leyes migratorias desde el ámbito estatal. No obstante, sus declaraciones no permiten concluir que haya presentado un mecanismo propio para deportar a personas al margen de los procedimientos federales.

Ken Paxton: completar el muro fronterizo y apoyar las deportaciones de Trump
Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato republicano al Senado, ha hecho del respaldo a la agenda migratoria de Trump una de las prioridades de su campaña.
En su plataforma electoral, Paxton afirma que, desde el Senado, trabajará junto al presidente para completar la construcción del muro fronterizo, asegurar la frontera y deportar a inmigrantes indocumentados, con énfasis en quienes hayan cometido delitos.
El candidato también reivindica su historial como fiscal general de Texas, cargo desde el que presentó numerosas demandas contra políticas migratorias de la administración de Joe Biden. Su campaña sostiene que esos litigios buscaban revertir medidas que, a su juicio, debilitaban el control fronterizo y la aplicación de las leyes federales.
Paxton plantea llevar esa estrategia al Congreso: respaldar legislación que amplíe la capacidad del gobierno federal para controlar la frontera, financiar la infraestructura fronteriza y ejecutar deportaciones.
Como senador, Paxton podría promover iniciativas legislativas, votar sobre presupuestos y negociar cambios legales, pero no tendría facultades para ordenar deportaciones individualmente ni para completar el muro por decisión propia.

Andy Barr: más recursos para ICE y deportación de inmigrantes que cometan delitos
Andy Barr, congresista republicano y candidato al Senado por Kentucky, ha convertido su apoyo a ICE en uno de los ejes de su campaña electoral.
En su plataforma oficial, Barr sostiene que Estados Unidos debe deportar a todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y reforzar la seguridad fronteriza. Entre las medidas que respalda están reanudar la construcción del muro, contratar más agentes fronterizos, restablecer el programa Remain in Mexico y terminar con la práctica conocida como catch and release, que permite liberar a determinados migrantes mientras sus casos siguen pendientes.
Barr también ha defendido el aumento de los recursos destinados a ICE mediante la legislación presupuestaria promovida por Trump y aprobada en julio de 2025.
En un anuncio de campaña, Barr afirmó: "Amo a ICE. Por eso ayudé al presidente Trump a triplicar el número de agentes de ICE". La afirmación fue examinada por WKYT en octubre de 2026: la ley presupuestaria proporcionó 75 mil millones de dólares adicionales para ICE durante cuatro años y la agencia informó que su plantilla había pasado de 10 mil a 22 mil empleados y agentes, un aumento del 120%.
La campaña de Barr defendió su historial y sostuvo que su voto contribuyó a aumentar los recursos de la agencia. El caso muestra cómo el candidato vincula su apoyo a ICE con una política de deportaciones más amplia y con mayores recursos para ejecutar las leyes migratorias.

Marsha Blackburn: deportaciones y más acuerdos entre Tennessee e ICE
Marsha Blackburn, senadora republicana y candidata a gobernadora de Tennessee, ha prometido reforzar la cooperación entre las autoridades estatales y las federales para ejecutar las leyes migratorias.
En un anuncio de campaña publicado el 14 de julio de 2026, Blackburn prometió deportar a inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, combatir a los cárteles y limitar los flujos de dinero vinculados con actividades criminales. El mensaje utilizó la expresión "no pueden quedarse y tendrán que pagar" para resumir su postura frente a la inmigración irregular y los delitos relacionados.
Blackburn también ha defendido el programa 287(g), que permite a determinadas fuerzas policiales locales realizar funciones migratorias bajo supervisión federal mediante acuerdos con ICE.
En una entrevista con WSMV publicada el 22 de octubre de 2026, la candidata afirmó que Tennessee debía reforzar los acuerdos existentes. Citó las operaciones de la Memphis Safe Task Force y sostuvo que los acuerdos 287(g) permiten a las autoridades locales colaborar con las federales en detenciones y deportaciones.
"Esas son cosas que necesitamos reforzar. Tenemos que continuar con ellas", dijo sobre los acuerdos de cooperación.
En otra entrevista publicada por AOL, Blackburn afirmó que todos los inmigrantes indocumentados en Tennessee deberían ser deportados y que, como gobernadora, trabajaría para hacerlo realidad. También defendió leyes estatales que exigen cooperación con ICE y determinadas condiciones para acceder a beneficios públicos.
Su propuesta va más allá de apoyar las deportaciones de personas condenadas por delitos: Blackburn ha expresado su respaldo a la expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren en el estado sin autorización. Sin embargo, la ejecución de las deportaciones corresponde al gobierno federal, mientras que la gubernatura puede influir en el grado de cooperación de las autoridades estatales dentro del marco legal.










