Para miles de cubanos que llevan años viviendo en Estados Unidos con un documento I-220A en la mano y una pregunta pendiente sobre su futuro migratorio, este jueves 10 de septiembre puede convertirse en un día decisivo ante el caso Bello-Rubio, iniciado en agosto de 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS).
Día clave para el limbo migratorio cubano: La batalla jurídica en Miami que define el futuro de la Ley de Ajuste
La audiencia en el caso Bello-Rubio pone sobre la mesa los argumentos del Gobierno y de los demandantes sobre el alcance legal del I-220A y sus efectos para los cubanos que buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Video Demanda busca proteger a cubanos con residencia pendiente bajo Ley de Ajuste
En una sala federal de Miami, se libra una batalla jurídica que, aunque técnica en su lenguaje, podría tener consecuencias mucho más amplias: determinar si una demanda colectiva que busca reconocer el Formulario I-220A como una forma de parole puede seguir adelante o queda archivada.
El I-220A, conocido como Orden de Libertad Bajo Palabra, es un documento que emite el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) para liberar a un inmigrante detenido tras cruzar la frontera, permitiéndole esperar su proceso de deportación en libertad.
La disputa gira alrededor de una pieza de papel que para muchos cubanos se convirtió en la diferencia entre poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano o permanecer en un limbo migratorio.
La audiencia, sin embargo, no decidirá quién obtiene la residencia ni convertirá automáticamente los I-220A en parole. La jueza deberá abordar primero una cuestión procesal: si acepta la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para desestimar la demanda o permite que el litigio continúe hacia las siguientes etapas.
El caso fue presentado por 992 ciudadanos cubanos, y aunque ellos son los demandantes formales, el argumento tiene una dimensión potencial mucho mayor entre los cubanos que ingresaron al país y recibieron un I-220A.
El Gobierno dice que el I-220A no es un “parole”
En una moción presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida a la que tuvo acceso N+ Univision, los abogados del Gobierno sostienen que los demandantes fueron liberados de la detención migratoria mediante una orden de libertad bajo palabra de honor, no mediante humanitarian parole o libertad condicional humanitaria.
La diferencia, según el Gobierno, es fundamental. La moción explica que el I-220A corresponde a una liberación bajo la autoridad de 8 U.S.C. 1226(a), mientras que el parole humanitario está contemplado en 8 U.S.C. 1182(d)(5)(A).
El primero permite liberar a determinados inmigrantes mientras continúa su proceso migratorio; el segundo puede utilizarse, de manera discrecional y “caso por caso”, por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. (Defendants’ Motion to Dismiss First Amended Class Action Petition, pp. 4-6).
El Gobierno cita además decisiones de tribunales federales que, según su interpretación, han establecido que una liberación bajo “conditional parole” no equivale a haber sido puesto en libertad condicional dentro de Estados Unidos para efectos migratorios.
Lo que realmente se decide este jueves
El Gobierno pide que la demanda sea desestimada por varias razones. Una de las principales es que, según su posición, las leyes federales limitan la capacidad de los tribunales para revisar decisiones discrecionales del Departamento de Seguridad Nacional sobre detención y parole.
La moción invoca específicamente 8 U.S.C. 1226(e) y 8 U.S.C. 1252(a)(2)(B)(ii), argumentando que ambas disposiciones impiden al tribunal revisar las decisiones discrecionales cuestionadas por los demandantes. (Defendants’ Motion to Dismiss, pp. 6-8).
También sostiene que los demandantes no pueden utilizar la doctrina de “regularidad procesal” para convertir retrospectivamente sus I-220A en parole humanitario. Para el Gobierno, hacerlo supondría crear una situación jurídica que nunca ocurrió y conceder parole de manera colectiva, cuando la ley exige analizarlo “caso por caso”.
Si la jueza rechaza la moción del Gobierno, la demanda colectiva seguirá viva y los demandantes podrán continuar intentando demostrar que las circunstancias bajo las cuales fueron liberados deben tener consecuencias jurídicas distintas.
Si la acepta, el litigio quedaría desestimado en esta etapa, aunque las consecuencias y posibles vías posteriores dependerían del alcance de la decisión y de eventuales recursos.
La disputa que comenzó alrededor de un documento migratorio podría así entrar en una nueva fase. Para quienes llevan años esperando una respuesta sobre qué significa realmente su I-220A, la batalla todavía no es por la residencia: es por conseguir que el tribunal permita que esa pregunta siga siendo litigada.
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