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Demandas

Con acuerdo por $1 millón termina batalla legal contra redadas de Arpaio en lugares de trabajo

El acuerdo establece, entre otras cosas, que no se apelará a las resoluciones anteriores del juez federal que consideró inconstitucionales las prácticas del sheriff del condado de Maricopa. El condado acordó pagar casi 1 millón de dólares a los demandantes por los honorarios y costos de los abogados.
1 Feb 2018 – 07:12 PM EST
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Exsheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, con un grupo de presos en la desmantelada cárcel de las carpas. Crédito: Univision

PHOENIX, AZ – Después de tres años de litigios terminó con un acuerdo la demanda que buscaba detener las acciones del exsheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, de entrar a lugares de trabajo para detener inmigrantes indocumentados, informó este jueves la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Ambas partes firmaron el acuerdo final que establece, entre otras cosas, que no se apelará a las resoluciones anteriores del juez federal, David Campbell, que consideró inconstitucionales las prácticas del sheriff del condado de Maricopa y la Fiscalía del condado Maricopa.

Además, el condado acordó pagar a los demandantes 995,157.46 en honorarios y costos de abogados.

"Nos sentimos tranquilos de saber que las organizaciones y empresas que se unieron para litigar este caso podrán recuperar parte de su inversión de tiempo y recursos", dijo Annie Lai, codirectora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de UC Irvine. "Tenemos la intención de utilizar los fondos para seguir proporcionando asistencia a las comunidades vulnerables en las luchas que siguen".


Este acuerdo termina con una batalla legal para terminar las redadas en lugares de trabajo que separaron a decenas de familias en el condado Maricopa, según los demandantes.

En 2007 y 2008, los legisladores de Arizona, dirigidos por el entonces representante Russell Pearce, modificaron las leyes de robo de identidad del estado para categorizar a los inmigrantes indocumentados como delincuentes por trabajar con un nombre o identidad falsa, señala el comunicado de ACLU.

Basado en estas leyes, el entonces sheriff Arpaio apoyado por el abogado del condado de Maricopa, Bill Montgomery, comenzaron a realizar redadas en negocios locales del área. En total, la oficina del sheriff llevó a cabo un total de más de 80 operativos en lugares de trabajo que condujeron a la detención de al menos 806 empleados.

Un análisis de expertos dado a conocer por ACLU reveló que la Fiscalía del condado Maricopa procesó al menos 1,864 casos de robo de identidad y/o falsificación de identidad relacionados con el empleo presentados por el sheriff del condado y otras agencias de la ley entre 2007 y 2015.

Según el acuerdo, las órdenes del juez Campbell seguirán vigentes. Estos incluyen una orden de marzo de 2017 ordenando al sheriff del condado Maricopa, ahora bajo el liderazgo de Paul Penzone, confiar en información o documentos presentados a un empleador únicamente como parte del proceso federal de verificación de empleo I-9 y declararlo inconstitucional para cualquier demandado.

La unidad del condado de Maricopa que lideró las redadas contra los trabajadores se disolvió poco después de que se entablara la demanda en 2014.

Entre los demandantes se encuentra la organización Puente Arizona, varios residentes del condado de Maricopa, incluidos dos trabajadores que fueron arrestados y procesados bajo esas leyes y líderes religiosos locales.

"Estamos agradecidos con los abogados y estudiantes de derecho que aceptaron a nuestra organización, defendieron a nuestros miembros y trabajaron durante años sin ninguna garantía de compensación”, dijo Carlos García, director ejecutivo de Puente. “La lucha continúa. Las herramientas de Arpaio ahora se están implementando a nivel nacional. Y su legado vivirá aquí en el condado de Maricopa mientras ICE esté permitido en las cárceles".

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