Trabajadores inmigrantes llevan al sheriff Joe Arpaio ante los tribunales por realizar redadas en lugares de trabajo

PHOENIX, Arizona - El sheriff Joe Arpaio regresa a un tribunal dos días después de que fiscales federales decidieran presentar cargos criminales por desacato a una orden judicial. Esta vez enfrentó a trabajadores inmigrantes que lo demandaron por las redadas en los lugares de trabajo.

Los demandantes de Puente vs Arpaio le pidieron a un juez federal que determine que Arpaio y el fiscal del condado, Bill Montgomery, violaron la constitución al usar partes de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA) y del estatuto de delitos de falsificación de Arizona para poder investigar de forma sistemática, arrestar, detener y procesar a inmigrantes que trabajan para mantener a sus familias.

El caso cuestiona la legalidad de los esfuerzos estatales para sancionar penalmente a los inmigrantes indocumentados por usar identificación falsa para obtener un puesto de trabajo.

La demanda fue presentada ante la corte por la organización Puente Arizona, junto a dos personas que fueron condenadas y un grupo de líderes religiosos que se opusieron al uso de los impuestos para financiar las redadas en puestos de trabajo

"Nunca olvidaré la dolorosa experiencia. Pasé meses en la cárcel y ahora estoy marcada con una condena por un delito grave, porque estaba trabajando para alimentar a mi familia ", dijo Elia Estrada, una de las demandantes en el caso, quien fue arrestada mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida. "Soy parte de la demanda, porque nadie debe ser tratado como yo fui tratada. Quiero [que] borren esto de mis antecedentes”.

Estas medidas antiinmigrantes dejaron un gran número de víctimas. Antes de que el sheriff del condado disolviera la controversial Unidad Criminal de Empleo, sus oficiales ya habían realizado más de 80 redadas en lugares de trabajo, que resultaron en el arresto de más de 800 trabajadores. Durante este periodo, la oficina del fiscal de Maricopa revisó y proceso más de 1,800 casos.

"Las redadas crean un clima de temor", dijo Fernando Abundes, un trabajador que fue detenido en el 2013 durante un allanamiento en el restaurante del Tío Sam. "Empleadores abusivos, como el mío, se aprovecharon de eso para mantener a los trabajadores inmigrantes alejados de las protestas. Al final, el Sheriff Arpaio allanó el restaurante, no para ayudar a los trabajadores sino para arrestarlos".

Elizabeth Hércules-Páez, estudiante de derecho en la Universidad de California y miembro del equipo legal que presentó argumentos legales este jueves, dijo que Arizona se excedió en su autoridad cuando modificó las leyes de robo de identidad para orientarla a los trabajadores indocumentados.

"La aplicación de la ley de Arpaio y Montgomery no sólo ha sido cruel, injusta y degradante, sino también inconstitucional”, sostuvo Hércules- Páez.

A principios de 2015, un juez de distrito concedió una medida cautelar preliminar para detener la aplicación de las leyes impugnadas hasta que el caso fuera resuelto.

El Noveno Circuito de Apelaciones revocó recientemente la medida cautelar, pero devolvió el caso a la Corte de Distrito de Phoenix, con la intención de que se considere la posibilidad de una orden judicial permanente sobre la acusación de los demandantes. Dicha acusación está relacionada con el uso de las leyes en contra de los trabajadores indocumentados por parte de las autoridades del condado, lo cual genera un conflicto con las leyes federales.

El tribunal también tendrá en cuenta la reivindicación de los demandantes de que las disposiciones de identidad del trabajador violan la cláusula de la Constitución de EEUU de iIgualdad ante la Ley, ya que se promulgaron con ánimo discriminatorio.

"Hemos recorrido un largo camino gracias al trabajo de muchos héroes anónimos que han tenido el valor de enfrentarse a gente como Arpaio y Montgomery, "dijo Carlos García, director de Puente Arizona.

El activista agregó que políticos como ellos construyeron sus carreras basadas en el ataque a la comunidad inmigrante y después de sentir tantos abusos decidieron llevarlos a corte.

"No vamos a descansar hasta que prevalezca la justicia ", puntualizó García.