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Un inmigrante indocumentado abraza a una de sus hijas en un centro de detención de ICE.

Corte federal bloquea licencia de polémico centro familiar de ICE en Texas

Corte federal bloquea licencia de polémico centro familiar de ICE en Texas

Tribunal responde a una demanda que busca el cierre de un polémico centro de detención de niños y mujeres migrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

Un inmigrante indocumentado abraza a una de sus hijas en un centro de de...
Un inmigrante indocumentado abraza a una de sus hijas en un centro de detención de ICE.

Una corte federal frenó el miércoles la licencia de operaciones de un polémico centro familiar de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que funciona en el sur de San Antonio, Texas.

El centro de cuidados infantiles de Dilley opera desde febrero con un permiso otorgado por el Departamento de Servicio Familiar y de Protección de Texas.

La jueza estatal de distrito Karin Crump firmó el miércoles una orden de restricción temporal que deja sin efecto la licencia de operaciones de Dilley. El centro tiene capacidad para unas 2,400 camas y es operado una empresa privada.

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Dictamen de 2015

En agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la corte distrito del centro de California, dictaminó que las autoridades federales de inmigración estadounidenses violan el acuerdo Flores versus Meese alcanzado en 1977, que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.

El fallo afectó el funcionamiento de los centros Dilley y Karnes City, ambos ubicados en San Antonio, y un tercero en el condado de Berks, Pensilvania.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ) apeló el dictamen, proceso que sigue pendiente en las cortes. Pero a mediados de febrero Dilley y Karnes City cambiaron de rubro a centro de cuidados infantiles y consiguieron nuevas licencias.

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El fallo de Crump

El fallo respondió a una demanda interpuesta por un grupo de organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes y que se opone a la existencia de este tipo de centros con fines de lucro.

La orden vence el 13 de mayo. La corte celebrará una audiencia para recibir argumentos a favor y en contra del funcionamiento del centro.

Las organizaciones quieren que el dictamen se convierta en permanente. El Departamento de Servicio Familiar y de Protección de Texas no brindó declaraciones sobre el fallo de Crump.

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Crisis fronteriza

El centro de detención de Dilley fue habilitado en 2014 para recibir a niños y mujeres migrantes originarios de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) que llegaron indocumentados a Estados Unidos en busca de asilo.
Los inmigrantes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre del 2015) la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar al país sin autorización.

En el 2015 la cifra bajó en un 42%, pero los más de 27,000 arrestos llevados a cabo en el primer semestre del año fiscal 2016 siguen inquietando a la Casa Blanca.

Qué dice el gobierno

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Tras el fallo de la jueza Gee el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sigla en inglés) respondió a Univision Noticias que estaba en “desacuerdo” con la conclusión final de la corte y reiteró que las instalaciones cuestionadas (los centros Dilley, Karnes City y Berks) eran “compatibles con el mandato otorgado por el Congreso”.

Agregó que los centros familiares “siguen actuando en consonancia con estas órdenes” y que seguiría “examinando los reclamos de los familiares de los detenidos”.

El Secretario del DHS, Jeh Johnson, ha defendido la política del gobierno para tratar la oleada de migrantes y señalado que las autoridades de inmigración a su cargo priorizan la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2014, por considerarlos un riesgo a la seguridad pública.

El 20 de noviembre de 2014 Johnson firmó un memorando interno que incluye las prioridades de deportación de ICE. La lista la encabezan los indocumentados con antecedentes criminales y le siguen los migrantes que han entrado recientemente al país (después del 1 de enero de 2014), no tienen causa de asilo y recibieron una orden final de deportación.

Licencias en la mira

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, y abogados, alertaron en febrero que el Departamento de Protección y Servicios para la Familia redujo los estándares mínimos para el funcionamiento del centro de Dilley, superara el umbral y esquivara la orden judicial dictada por la jueza Gee.

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"Al reescribir las normas y bajar los estándares, el estado (Texas) ha ignorado el clamor popular de oposición a la detención de familias y a conceder estas licencias", dijo la organización Grassroots Leadership en un comunicado.

Dilley y Karnes City se encuentran en el ojo del huracán desde su apertura en 2014 por señalamientos de malos tratos y abusos cometidos por los custodios de las instalaciones. Ambos tienen capacidad para albergar un máximo de 2,932 personas.

Sin precedentes

En el dictamen de 2015 la jueza Gee determinó que los niños migrantes no pueden seguir retenidos y que los centros de ICE no tienen licencias para alojar o atender a menores.

“Esta situación no tiene precedente y nuestra frustración aumenta al ver que el gobierno no desea soltar a los detenidos, los cuales viven en condiciones deplorables”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

Velásquez dijo además que “la jueza Gee mencionó en una ocasión que los niños están sufriendo traumas bajo las condiciones en que viven”.

En mayo del año pasado la organización Human Right Watch (HRW) publicó un informe en el que señaló que la detención indefinida de madres que solicitan asilo y de sus hijos produce “graves secuelas psicológicas”.

Más del 70% de los niños migrantes arrestados en el 2014 son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Del total de arrestados, más del 95% fue liberado con una orden para presentarse ante una corte y que un juez de inmigración resolviera sus futuros. El resto fue enviado a los centros de detención de ICE y hogares administrados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés).

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