El condado Pinal, donde se ubica el Centro de Detención de Florence, aprobó una resolución relacionada con el programa 287g, que permite a autoridades locales aplicar leyes federales de inmigración. Supervisores advirtieron que cualquier apelación deberá realizarse ante una corte.

Desde el 12 de agosto de 2025, Guillermo Gallardo Barrera permanece recluido por ICE en una prisión de Florence, Arizona, tras ser detenido por un oficial en Gilbert durante una parada de tránsito. Según las autoridades, al no contar con licencia de conducir ni identificación oficial, la dependencia local procedió a verificar su estatus migratorio. Sus familiares exigen que se aclare su situación legal, advirtiendo que el padre de familia se encuentra en un estado de profunda desesperación. También te puede interesar: "Te tratan como un perro": Nativo americano Peter Yazzie denuncia cómo fue detenido por ICE

Un juez federal determinó que la detención de un ciudadano venezolano por parte de ICE fue ilegal y ordenó su liberación. El hombre permaneció bajo custodia federal y fue presentado ante la corte mediante una petición de habeas corpus. También puedes ver: "En las redadas de ICE no hay distinciones", Betty Yee, excontroladora del estado de California

Expertos y abogados en inmigración piensan que los arrestos de ICE sin orden judicial pueden ser bloqueados desde la corte, pese a esto la comunidad se mantiene en alerta por la incertidumbre que hay en temas migratorios. También puedes ver: Antonio Villaraigosa manda mensaje a familias de California con temor por operativos migratorios

Agentes de ICE continuaron realizando operativos en Arizona, donde se reportaron varios casos de ciudadanos estadounidenses y nativos americanos que fueron cuestionados y detenidos por autoridades migratorias, lo que generó preocupación entre la comunidad y defensores de derechos civiles. También puedes ver: ¿Qué hacer si ICE intenta entrar a mi casa? Esto dicen los expertos

La ciudad de Tucson impulsó una propuesta para evitar que agentes de ICE realizaran operativos en propiedades municipales o en lugares administrados por el gobierno local, con el objetivo de proteger a la comunidad y limitar acciones migratorias en espacios públicos.