La orden ejecutiva prohíbe las tácticas de estrangulamiento, excepto cunado la vida del agente esté en peligro, pide mayores niveles de entrenamiento sobre el uso de la fuerza y que se fortalezca una base de datos nacional para monitorear las conductas inapropiadas de los uniformados. Los que critican la orden, dicen que esta no soluciona las tensiones raciales. "La comunidad tiene demandas y no fueron cumplidas con esta orden", dijo Yadira Sánchez, codirectora ejecutiva de PoderLatinx.
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