Las autoridades en México presentaron cargos contra el exprocurador general Jesús Murillo Karam por obstrucción de la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, en relación con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Durante la audiencia, un juez encontró elementos para seguir con el juicio a pesar de que la defensa de Murillo pidió que se eliminara el delito de tortura, afirmando que había prescrito en el 2015.
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