La medida, cuyo objetivo es devolver a sus países de origen a quienes no cuenten con estatus legal y que lleven menos de dos años en EEUU, ha sembrado gran alarma entre cientos de familias que ven con preocupación cualquier posibilidad de ser separadas. Un memorando de ICE indica que para evitar una expulsión se deben presentar pruebas como cuentas bancarias, contratos de arrendamiento, facturas, registros en iglesias y evidencia de pagos de impuestos, entre otros documentos.