A través de un proyecto de ley, pretenden que el fiscal general, Jeff Sessions, no pueda interferir en las decisiones de los jueces. La preocupación nace del anuncio que hizo Sessions asegurando que a partir del 1 de octubre los jueces de inmigración, para recibir una calificación satisfactoria, tendrían que resolver una cuota mínima de 700 casos al año, es decir tres por día para agilizar el proceso de deportación.