Un año y medio después de que el presidente Nayib Bukele implementó el estado de excepción y le dio el estatus de terroristas a los pandilleros para encarcelar a miles de ellos, muchos habitantes de El Salvador afirman estar felices y sentirse nuevamente seguros. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno han sido cuestionadas por grupos humanitarios que dicen que se han violado los derechos humanos de los presos.
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