Según la demanda del Departamento de Justicia, la ciudad de Hesperia y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino tenían la intención de desalojar a afroestadounidenses y latinos basándose en una ordenanza que permitía a dueños de casas de alquiler evacuar a los inquilinos que fueran identificados como personas que cometieron algún acto ilegal