El próximo 1 de julio entrará en vigor en Georgia la ley HB-1105, conocida como ley Laken Riley, que faculta a los policías a pedir documentos legales a cualquier conductor. Bajo esta norma, las ciudades santuario que protejan a indocumentados perderían fondos estatales. Adelina Nicholls, directora de una organización que defiende los derechos humanos, asegura que esta es una ley de perfil racial en contra de los latinos.
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