Expertos consideran que la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis tendría fines políticos para las elecciones del año 2020. La Unión Americana por las Libertades Civiles presentó una demanda argumentando que la medida debilita la enmienda aprobada en las urnas el pasado mes de noviembre que permite el derecho al voto a exconvictos.