Un juez federal otorgó a la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) la responsabilidad para facilitar las reunificaciones y presionó al gobierno para que entregue más datos que permitan encontrar a los padres de los menores separados de sus familias en 2018. El abogado Daniel Galindo señala que muchos padres deportados optarían por no recibir a sus hijos argumentando que sus países no son seguros.
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