Según un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas, 34 de las 129 personas que fueron detenidas, desde 2014, por la desaparición de los 43 estudiantes fueron torturadas y obligadas a declarar bajo violentos métodos. La Policía Federal y la Secretaría de Marina de México son algunas de las instituciones involucradas en las denuncias.