La medida exige que los inquilinos firmen un documento asegurando que se han visto afectados económicamente por el coronavirus y que, entre los meses de septiembre y enero, paguen por lo menos el 25% de su renta mensual, pero podrían ser desalojados a partir del 1 de febrero de 2021. Además, ellos desconocen qué va a pasar con la deuda que han acumulado los últimos meses. Más información aquí.