La polémica surge tras una investigación realizada por la oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO), un brazo investigador del Congreso, en la cual se asegura que la Patrulla Fronteriza desvió 112 millones de dólares para comprar embarcaciones y vehículos todoterreno, entre otros, en lugar de usar el dinero en mejorar las condiciones de los inmigrantes detenidos.
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