Varios estados liderados por republicanos desafiaron en la corte la decisión del presidente Biden de cancelar la regla de carga pública, instaurada por Trump, que ponía en riesgo la residencia permanente de los migrantes que solicitaran beneficios públicos. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Suprema “se confirma que las familias inmigrantes tienen derecho a pedir ciertos beneficios del gobierno sin que impacte su caso migratorio”, afirma Claudia Tristán, de la organización Mamás con Poder.
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