La querella alega que la decisión del gobierno de EEUU es discriminatoria y motivada por el racismo. Las familias afectadas por la desaparición del programa temen por los efectos que esto podría generar a futuro en sus hijos. Por otro lado, el Centro para el Progreso Estadounidense publicó un informe en el que detalla que la deportación de los trabajadores amparados por el Estatus de Protección Temporal podría tener consecuencias negativas en la economía del país.