En los centros supervisados de consumo, las personas llevan sus propias drogas ilegales y las usan bajo vigilancia. Operan con fondos privados y fueron autorizados por la municipalidad, pero no por el gobierno federal. Sam Rivera es el director de uno de estos lugares y asegura que esta implementación es un paso hacia una solución en la crisis por opioides, que mata a miles de consumidores al año. Más noticias aquí.