Las legislaciones aprobadas limitan la cooperación de la policía con agentes de inmigración e incrementa el número de oficinas del departamento de vehículos motorizados para que los indocumentados puedan obtener licencias de conducir. Además, los decretos incluyen la expansión de becas universitarias para estudiantes sin papeles y la transferencia al control local del salario mínimo para cada jurisdicción.