Organizaciones proinmigrantes y coaliciones de derechos civiles protestaron en contra de la SB-168 y la HB-527, las cuales siguen avanzando en la legislatura estatal. La mayor crítica a estas iniciativas es que podrían afectar las relaciones de los inmigrantes con las autoridades policiales. Expertos en derecho ya amenazan con acudir a los tribunales si finalmente las propuestas se convierten en ley porque las consideran anticonstitucionales.