La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lidera la demanda y exige al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE que expliquen qué se está haciendo con la información de las bases de datos compradas a empresas de aplicaciones móviles. Esta practica alerta a defensores de derechos civiles y de la privacidad, quienes temen que esta estrategia pueda conducir a una asociación de vigilancia entre el gobierno y corporaciones privadas.
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