El proceso inició en 2012 en Kansas donde un inmigrante usó un número de seguro social que no le pertenecía en una solicitud de empleo y en formularios federales. Dos años después se descubrió que la información era falsa y en 2016 un juez de primera instancia lo sentenció a siete meses de cárcel, pero los abogados apelaron. El caso llegó al máximo tribunal del estado donde se determinó que Kansas no podía decidir ya que se trataba de formularios federales.