La decisión afecta a ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán que se benefician del programa y que ahora quedan en riesgo de ser deportados. Además, los permisos de trabajo de estas personas, que expiren a partir del próximo 5 de enero, no podrán ser renovados. "El impacto más grande es que no podrán renovar ni la licencia de conducir ni el permiso de trabajo", explica Wilfredo Allen, abogado de inmigración. Más información aquí.