Washington notificará a las autoridades mexicanas sobre su intención de expandir el programa a nuevos puntos en las fronteras de California, Nuevo México y Texas. Actualmente solo se aplica en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes califican de ilegal la medida porque vulnera el derecho internacional a pedir asilo político en un país sin ser expulsado a otro.