La Corte de Corea del Sur ratificó que el despliegue de tropas ordenado por Yoon Suk Yeol fue una conspiración para desmantelar el poder civil y bloquear la labor legislativa. El juez sostuvo que el exmandatario atentó directamente contra el orden constitucional al intentar imponer su voluntad sobre el Congreso. Esta condena a cadena perpetua cierra un capítulo de inestabilidad política iniciado con la ley marcial de 2024, reafirmando la supremacía del poder democrático. Los abogados sostienen que el veredicto ignoró los argumentos de la defensa, lo que abre una nueva etapa de tensiones judiciales y posibles apelaciones en Seúl.

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