La joven
Annie Ramos enfrenta un
proceso de deportación activo basado en una
orden de deportación emitida en 2005, cuando apenas era una niña. Expertos legales aseguran que su
matrimonio con un
sargento estadounidense le otorga la
posibilidad de solicitar un "parole in place" militar, aunque primero debe reabrir su caso ante las cortes. Abogados advierten a la comunidad inmigrante sobre el riesgo de acudir a bases militares o edificios federales sin un estatus legal resuelto.