El reciente fallo judicial destaca la tensión entre la presidencia y el Congreso sobre cómo gestionar los casos migratorios. Ante la falta de votos legislativos, el Gobierno utiliza acciones ejecutivas para intentar reformar la ley de apelaciones, pero los tribunales califican esta vía como un debilitamiento del sistema administrativo. Aunque el gobierno tiene 30 días para apelar esta sentencia, el fallo actual mantiene vigentes las normas de protección que permiten a los inmigrantes tener su día en corte.

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