El Departamento de Justicia impulsa procesos de desnaturalización contra 17 personas por ocultar antecedentes penales o cometer fraude antes de obtener el beneficio. Aunque la cifra representa un porcentaje mínimo frente a las millones de naturalizaciones concedidas, especialistas interpretan la medida como una estrategia de advertencia estatal. Defensores de derechos aclaran que los ciudadanos sin faltas previas pueden tramitar el documento con tranquilidad.

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